HOAC apoya un proceso de regularización de trabajadores migrantes

Foto | Tim Mossholder (Unsplash)

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), movimiento de trabajadoras y trabajadores cristianos, apoya la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantea regularizar de forma extraordinaria a 500 mil personas que no pueden ejercer sus derechos y están en situación de vulnerabilidad y desprotección social.

“Son personas trabajadoras migrantes que conviven y construyen junto a cada uno de nosotros el país dónde vivimos y cuya realidad es ‘un escándalo social de la humanidad’ ante la cual no se puede ‘cerrar los ojos’” indican en su nota, recordando las palabras del papa Francisco realizadas hace un mes en audiencia general.

Esta regularización de trabajadores y trabajadoras migrantes responde, según se puede leer en la Exposición de Motivos de la ILP, al respeto debido a los derechos fundamentales de cada ser humano. La irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad.

Conviene recordar que en los meses más duros de la pandemia los trabajadores migrantes en situación irregular han dado la cara por la sociedad en sectores imprescindibles como el de los cuidados, el reparto a domicilio o la recogida de fruta y verdura. Con ello pagaron un altísimo precio en forma de contagios y muertes. Nuestra sociedad tiene una deuda de gratitud con uno de sus colectivos más vulnerabilizados.

También la regularización permite una aportación tanto económica y fiscal que se está perdiendo ya que la irregularidad impide a muchos migrantes contribuir dignamente con capacidades que son esenciales para el sostenimiento de la sociedad. Una regularización afloraría, rápida y eficazmente, el gran potencial de sus impuestos directos y de las contribuciones de empleados y empleadores al sistema de Seguridad Social. Finalmente, la existencia de cerca de medio millón de personas fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos supone un déficit de gobernanza pública que es urgente corregir.

 

Respuesta como sociedad y como Iglesia

En la última Jornada Mundial del Migrante y Refugiado que convoca y realiza la Iglesia, José Cobo, obispo auxiliar de Madrid y responsable de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), recordaba que “todos dependemos de todos” y que el pueblo de Dios debe “recoge el eco de Fratelli tutti donde el Papa nos pone un objetivo de caminar como humanidad, que no es uniformidad sino reconocer nuestra diversidad para vivir como hermanos y hermanas” y construir en un nosotros más amplio.

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En este sentido, Cobo plantea tres esfuerzos para afrontar la realidad de sufrimiento humano. De forma personal, para cambiar la mirada para “mirar con ojos nuevos la migración” y así preguntarnos como afrontar esta realidad social “desde el sueño de dios y la dignidad humana”. A las comunidades cristianas, a las que les ha agradecido los esfuerzos que realizan, para afrontar los retos que tenemos por delante, llamados a acoger, proteger, promover e integrar juntos “respondiendo como sociedad y como Iglesia”. En esta perspectiva ha invitado a desarrollar la pastoral de migraciones como una tarea concreta. Y, por último, a toda la sociedad: aquí la Iglesia contempla la migración “nos da soluciones para el futuro”. La Iglesia es parte de este nosotros, “queremos trabajar con la sociedad civil, con el Estado… para construir un nosotros con mayúsculas”.

 

Medio millón de firmas

La ILP es un instrumento de democracia directa que cuenta el ordenamiento jurídico español y que necesita de la participación ciudadana. Mediante el apoyo de un mínimo de 500.000 firmas junto a una propuesta de ley jurídicamente sólida, se obliga al Congreso de los Diputados a debatirla en un plazo máximo de seis meses.

Este proceso, al que le quedan por delante 246 días para llegar al mínimo exigido de firmas, está siendo promovido por un grupo de organizaciones sociales –que recuerdan que los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero llevaron regularizaciones extraordinarias– y es apoyado por organizaciones de migrantes, fundaciones, ONG de cooperación al desarrollo, entidades católicas y congregaciones religiosas, entre las que se encuentra Cáritas Española, CONFER, el Servicio Jesuita a Migrantes o el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.

(Abraham Canales, HOAC)
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