Protocolo de la Archidiócesis de Toledo contra el abuso sexual a menores

La Iglesia está llamada a ser un «espacio protegido» para la infancia. Con este fin la Archidiócesis de Toledo ha establecido un Protocolo de actuación cuando surja la sospecha de abuso sexual. En este protocolo se anuncia el compromiso de crear una Comisión diocesana de protección de menores y personas vulnerables.

Este documento está orientado a prevenir y, en su caso, a detectar y denunciar, así como a aunar criterios y definir los procesos de detección y notificación: todo ello con el objetivo de actuar con rapidez y firmeza ante el abuso sexual perpetrado por cualquier miembro del personal o colaborador en las actividades pastorales llevadas a cabo por la Archidiócesis de Toledo.

En sintonía con la voluntad expresada por el Papa Francisco en relación a la recepción y actuación en la Archidiócesis ante denuncias por casos de abuso sexual a menores, hemos establecido a nivel diocesano un Protocolo de actuación ante posibles situaciones de este tipo y así saber dar una respuesta frente a la revelación o fundada sospecha de abuso sexual sabiendo qué hay que hacer con la víctima y con el presunto abusador y también para prevenir situaciones de conflicto.

El Código de buenas prácticas que lo acompaña pretende establecer pautas positivas en la organización y desarrollo de las actividades pastorales, educativas y lúdicas con menores y adolescentes de modo que la Iglesia se convierta en «ambiente sano» y «espacio seguro» del menor y de la persona vulnerable.

Compromiso de la Archidiócesis

Así, con la creación de este Protocolo la Archidiócesis de Toledo se compromete a: prevenir cualquier forma de violencia física o mental, abuso, negligencia, abandono o explotación; vivir una leal colaboración y ayuda con las autoridades competentes cooperando con ellas en las actividades de prevención y denunciando los abusos; realizar un proceso penal efectivo de cualquier abuso contra menores o personas vulnerables cometidos en la Archidiócesis por las personas que, según el Derecho Canónico, están sometidas a su jurisdicción; recibir, escuchar y acompañar a quienes afirman haber sido víctimas de explotación o abuso sexual, así como a sus familias; ofrecer atención pastoral adecuada a las víctimas y sus familias, así como apoyo espiritual, médico, psicológico y legal adecuado; garantizar a los acusados el derecho a un juicio justo e imparcial, con respeto de la presunción de inocencia; que la persona condenada por haber abusado de un menor o una persona vulnerable sea removida de sus deberes y, al mismo tiempo, ofrecerle un apoyo adecuado para la rehabilitación psicológica y espiritual; hacer todo lo posible para rehabilitar la buena reputación de los acusados injustamente y por último crear una Comisión diocesana de protección de menores y personas vulnerables, así como capacitar a profesionales sobre los riesgos en materia de explotación, del abuso sexual y maltrato de menores y personas vulnerables, así como de los medios para identificar y prevenir tales delitos.

Prevenir, detectar y denunciar

Este documento está orientado a prevenir y, en su caso, a detectar y denunciar, así como a aunar criterios y definir los procesos de detección y notificación: todo ello con el objetivo de actuar con rapidez y firmeza ante el abuso sexual perpetrado por cualquier miembro del personal o colaborador en las actividades pastorales llevadas a cabo por la Archidiócesis de Toledo.

¿Qué es un abuso sexual a menores y personas vulnerables? Es la utilización de un menor para obtener gratificación sexual. Esa utilización del menor de edad puede hacerse de muchas maneras, y en la mayor parte de las veces se realiza sin requerir amenazas ni violencia, sino sirviéndose de otras formas no agresivas como la sorpresa, la seducción, el engaño, el chantaje o la manipulación.

Existen diferentes tipos de abuso sexual: agresión sexual (utilizando violencia o intimidación), abuso sexual directo (sin violencia o intimidación), abuso sexual indirecto (obligar a presenciar actos de carácter sexual, proponer encuentros a través de internet, teléfono, etc.), acoso sexual (intimidación), provocación sexual (obligación a la exhibición) o explotación sexual (inducir a la prostitución).

Entendemos por menor a una persona inferior a los 18 años y una persona vulnerable cualquier persona en estado de enfermedad, deficiencia física o psíquica, o privación de libertad personal que limite ocasionalmente su capacidad de entender o de querer resistir a la ofensa.

Factores de riesgo

Posible víctima de abuso sexual puede ser cualquier menor. No obstante, se identifican algunos factores de riesgo que favorecen el surgimiento y mantenimiento de situaciones de abuso sexual: falta de educación sexual; baja autoestima; carencia afectiva; dificultades en el desarrollo asertivo; baja capacidad para tomar decisiones; timidez o retraimiento…

A su vez el agresor suele ser un adulto, sin descartar a adolescentes y jóvenes cuando, dentro de las actividades pastorales, se encarguen de menores como catequistas, monitores, animadores de grupos, voluntarios, etc.

Así, en materia moral, los delitos más graves reservados actualmente al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe son: El delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 18 años o persona vulnerable, y la adquisición, retención o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores, de edad inferior a 18 años, por parte de un clérigo en cualquier forma y con cualquier instrumento. El clérigo que comete los delitos debe ser castigado según la gravedad del crimen, sin excluir la dimisión o la deposición.

Prevención y selección de personas

Para una adecuada prevención, habrá una selección de las personas implicadas en la pastoral como son sacerdotes, seminaristas, formadores, profesores, catequistas, monitores, entrenadores, voluntarios, personal auxiliar y de mantenimiento, es decir, de todo el personal con posible contacto con menores y adolescentes.

Para ello, será obligatorio aportar un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres humanos por toda persona que vaya a tener responsabilidad profesional o voluntaria con menores en el ámbito de las instituciones y actividades diocesanas; además, todos los sacerdotes y laicos firmarán voluntariamente un documento de responsabilidad personal en el que de forma expresa manifiesten su rechazo a todo tipo de abuso sexual así como las consecuencias de incumplir ambas obligaciones.

Además de todo esto, tendrán que manifestar su compromiso de participar en temas de formación sobre abusos y sus consecuencias y modos de actuar ante los mismos que, programados por la Archidiócesis con la temporalidad que se estime oportuna e impartidos por expertos, se destinarán a todos aquellos que trabajen con menores y adolescentes.

La Iglesia está llamada a ser un «espacio protegido» para la infancia. Es el motivo por el que se siente llamada a desarrollar programas educativos eficaces y de buenas prácticas que determinen una manera de actuar clara que favorezca un «entorno seguro», así como la propia protección de los trabajadores o voluntarios. Todo adulto que tenga contacto habitual con menores de edad en la actividad pastoral debe conocer bien su papel, cuál es el ministerio que ejerce, la función específica que se la ha confiado y conducirse en el trato con los menores de manera respetuosa, prudente y equilibrada.

Investigación preliminar

De esta forma se asegura que toda persona que interviene con menores sea capaz de responder ante las dos maneras en las que se manifiesta el abuso que está sufriendo un menor: mediante indicadores físicos y de comportamiento y mediante revelación.

Tras la recepción de la denuncia, corresponde al Arzobispo realizar un primer juicio de verosimilitud y si lo considera verosímil, debe dictar un decreto para dar paso a la investigación preliminar. Ésta no es un proceso judicial sino una actuación administrativa destinada a que se haga un juicio de probabilidad acerca de si el delito fue o no cometido. Una vez realizada la investigación el Arzobispo declara, mediante decreto, que se han reunido elementos suficientes para determinar o no la probabilidad de comisión del delito. Posteriormente el Arzobispo da noticia a la Congregación de la Doctrina de la Fe el resultado de la investigación, quien determinará cómo proceder en el asunto.

Oficina para la recepción y tramitación de denuncias

Para todo ello, el Arzobispo, para desempeñar adecuadamente su misión pastoral en estos temas tan complejos y delicados, acordó crear una oficina para la recepción y tramitación de las denuncias de casos de abusos sexuales contra clérigos, miembros de institutos de vida consagrada o de sociedades de vida apostólicas, con el fin de que sean tratadas en tiempo y forma, de acuerdo con la disciplina canónica y civil, respetando los derechos de todas las personas implicadas y, especialmente, facilitar el acompañamiento de las víctimas. Se puede contactar llamando por teléfono al 629594362 o mediante correo electrónico en [email protected]

La Comisión diocesana de protección de menores y personas vulnerables servirá de observatorio para el cumplimento de estas buenas prácticas en toda la estructura diocesana.

Este Protocolo puede verse en su forma íntegra desde la web del Arzobispado de Toledo: www.architoledo.org

El proceso a seguir ante una denuncia

Tras la revelación de un posible abuso, lo primero será actuar con celeridad, mantener la calma y dar apoyo y confianza al menor, para después comunicarlo a los servicios especializados que son los responsables de valorar, verificar o confirmar el abuso. Además, de esta forma se evita al menor o persona vulnerable el dolor de revivir de nuevo la escena al tener que narrar la misma en diferentes ocasiones (victimización secundaria).

La persona que ha detectado y comunicado debe ser discreta, guardar la confidencialidad de lo que ha conocido, sin que quepa ningún tipo de difusión, ni pública ni privada. Sólo comunicará lo que sabe a los profesionales implicados en la intervención para resolver el problema.

De esta forma el inicio del procedimiento comienza con la denuncia de una posible infracción recibida por el Arzobispo.

Si el presunto abuso sexual es denunciado directamente a la Policía o a la Autoridad judicial, se contactará con un abogado, y se prestará la colaboración que sea necesaria a la Policía o a la Administración de justicia. Si el clérigo ha prestado declaración y ha reconocido los hechos de los que se le acusa, es importante asegurarle el acompañamiento de un abogado, advirtiéndole de las consecuencias civiles y canónicas derivadas de su conducta.

En tanto que no se produce la sentencia condenatoria, se ha de respetar la presunción de inocencia, sin dejar de adoptar las medidas cautelares canónicas que sean procedentes, pues el proceso canónico se realizará con independencia del que tenga lugar en el ámbito del Estado

(Lourdes Carrazoni, directora de la Comisión de Menores, Archidiócesis de Toledo)

 

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