Migración venezolana: una mirada desde Colombia

Según Naciones Unidas, cuatro millones de venezolanos han salido de su país desde 2015, mientras que fuentes no oficiales señalan que la cifra podría ascender a más de cinco millones y medio. Más allá de los datos, lo cierto es que la vulnerabilidad de esta población y las dificultades de otros países para su adecuada recepción están generando una grave crisis humanitaria.

Se estima que 2,7 millones de venezolanos permanecen en otros países de América Latina, siendo Colombia el país más afectado por este fenómeno de movilidad humana. A partir de 2015, la magnitud es la de una diáspora: 1,3 millones de personas sin recursos que salieron «con el hatillo al hombro» a causa del incremento de la conflictividad, la inseguridad y el desabastecimiento en Venezuela.

Esta situación ha generado el colapso de servicios públicos. La saturación de los centros médicos y la falta de presupuesto dejan a las personas más vulnerables y a los enfermos crónicos en una situación de mayor precariedad. Es crítico el incremento de enfermedades de transmisión sexual, especialmente para niños, niñas, adolescentes y mujeres, ya que los recién llegados se encuentran expuestos a las mafias de trata de personas. En el caso de los servicios educativos, no toda la población en edad escolar puede ingresar en un centro y muchos de los que lo consiguen no tienen acceso al certificado correspondiente por no estar regularizados a nivel migratorio.

Los venezolanos están sufriendo, asimismo, significativos abusos laborales, lo que provoca enfrentamientos con los trabajadores locales que realizaban los trabajos más precarios. Este enfrentamiento, así como el colapso de los servicios, están generando un incremento de la conflictividad y la xenofobia.

En palabras de Mauricio García, del Servicio Jesuita de Refugiados (SJR), la cuestión humanitaria «se puede convertir en una bandera política usada para presionar cambios políticos sin que realmente prevalezcan las necesidades de las personas afectadas por la crisis humanitaria».

Entre las consecuencias de esta instrumentalización está el incremento del riesgo de que los nacidos en Colombia se conviertan en apátridas, es decir, en personas indocumentadas que no son reconocidas en el país receptor ni en el país del que salieron sus padres.

El programa que lleva a cabo el SJR, con el que colabora Manos Unidas, interviene en tres enclaves de la geografía colombiana, creando una diagonal desde la frontera con Venezuela hasta la frontera con Ecuador. En estos puntos se acoge y apoya a la población migrante, ya llegue con idea de permanencia o se encuentre en tránsito a otros países.

El proyecto proporciona alimentación, abrigo y albergue para los migrantes, así como acompañamiento a nivel psicosocial y jurídico y apoyo en las gestiones de acceso a los servicios de salud.

De cara a las comunidades anfitrionas, el programa fomenta políticas públicas adecuadas y un clima favorable a la acogida, ya que se considera esencial la solidaridad tanto de las comunidades receptoras como de organizaciones a nivel nacional e internacional. En este sentido, merece la pena recordar que Venezuela fue, precisamente, uno de los principales países receptores de la población colombiana desplazada por el conflicto armado durante la segunda mitad del s. XX.

Y, en Perú, apoyamos una casa de acogida para migrantes venezolanos muy cerca de la frontera con Bolivia.

En Lima, Tacna y Tumbes, fortalecemos los mecanismos para proteger a la población migrante venezolana, así como para sensibilizar sobre la trata y el tráfico de personas.

Carmen Santolaya. Departamento de Proyectos de América.

(Manos Unidas)

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