El reiterativo cuestionamiento a la enseñanza concertada

Tal y como anunció en su momento, Escuelas Católicas ha enviado el 17 de diciembre a sus más de 2.000 centros educativos una infografía que extracta el completo estudio que publicó el pasado 4 de diciembre y que fundamenta jurídicamente el derecho de los padres a la elección de centro para sus hijos, puesto en cuestión por Isabel Celaá.

Esta infografía expresa gráficamente los tres ejes en los que se sustenta el derecho de los padres a elegir centro educativo: la Constitución Española (artículos 27.1 y 27.3); diversas sentencias del Tribunal Constitucional (que abarcan desde 1981 hasta 2018); y una extensa normativa internacional. También las sucesivas leyes orgánicas educativas españolas han reafirmado dicho derecho de elección dentro de la libertad de enseñanza: LODE (1985), LOE (2006) y LOMCE (2013).

Cuando todavía resuena en los medios la polémica surgida cuando la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ponía en cuestión el derecho constitucional de las familias a elegir centro educativo, continúa el goteo de críticas a la enseñanza concertada. En esta ocasión se trata de un informe de la FAPA Giner de los Ríos y CICAE (asociación de colegios privados), que apunta erróneamente que “en el 90% de los casos, los colegios concertados exigen cuotas obligatorias a los padres”. En realidad, este informe se circunscribe a 50 centros cuidadosamente seleccionados del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid (frente a un total de 489 centros concertados existentes) y, en ningún caso, afecta a centros pertenecientes a Escuelas Católicas, mayoritaria en la enseñanza concertada. De nuevo algunos sectores han tratado de generalizar una situación irregular que es absolutamente excepcional. Afecta, en todo caso, a 45 centros de la llamada “nueva concertada”. De hecho, así lo reconoce la propia CICAE, que ha señalado que su estudio excluye a las escuelas católicas, ya que estas “no tienen ánimo de lucro”.

Escuelas Católicas lamenta que constantemente se ponga en tela de juicio a la enseñanza concertada, bien por no reconocer la fundamentación jurídica de su existencia, bien por condenarla falsamente por contravenir determinados aspectos de la ley.

Es imprescindible para nuestro sistema educativo dejar de alimentar este falso debate y permitir trabajar a nuestras escuelas, católicas y concertadas, escuelas que, tal y como señalaba públicamente en el mes de noviembre Quentin Wodon, economista del Banco Mundial, “contribuyen al menos con 12 billones de dólares en capital humano a la riqueza de las naciones”. Y es que, por encima de los derechos legales y de la contribución económica, está su compromiso social, fruto de su motivación evangélica.

Sobre Escuelas Católicas

Escuelas Católicas (EC) es la marca de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) y de Educación y Gestión (EyG). FERE-CECA asocia desde 1957 a los titulares de los centros educativos y EyG los representa en su vertiente empresarial desde 1989. Actualmente integra a 2.000 centros educativos católicos, la mayoría con algún nivel concertado. Gran parte de ellos son centros integrados, es decir, que cuentan con más de una etapa. Si separamos por niveles educativos hablaríamos de 1.776 centros de Educación Infantil, 1.716 de Educación Primaria, 1.646 de Educación Secundaria (ESO o FP Básica) y 777 centros de Bachillerato o FP de Grado Medio o Superior, es decir, de 5.915 entidades pedagógicas. En ellos se educan 1.204.179 alumnos y hay 101.260 trabajadores, de los que 82.554 son docentes.

Escuelas Católicas supone el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada concertada, lo que la convierte en la organización más representativa de este sector.

(Escuelas Católicas)

Agencia SIC
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