El cardenal Cañizares preside la apertura del Año Judicial del Tribunal Eclesiástico de Valencia

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha señalado en la apertura del Año Judicial del Tribunal Eclesiástico, celebrado el 9 de febrero, que “es posible tramitar la práctica totalidad de las causas matrimoniales en menos de un año, lo que permite afirmar que estamos en el camino que nos señala el Papa Francisco. Nuestro esfuerzo por lograr que los tribunales de justicia sean también tribunales de misericordia es un hecho cada vez más evidente en la vida cotidiana de nuestras iglesias más particulares”.

En cuanto se refiere a la desburocratización de los procesos, “no se trata de perder las garantías de legalidad y certeza que deben inexcusablemente presidir la administración de Justicia, sino de cambiar las actitudes que puedan poner obstáculos artificiales e innecesarios para el avance del proceso. En nuestra Provincia Eclesiástica hemos avanzado mucho en este camino, implicando en ello tanto a jueces como a abogados y profesionales. No se trata de un compromiso estrictamente eclesial sino social”.

El Cardenal ha señalado “nos pide el Papa evitar que el ejercicio de la Justicia se reduzca a un mero logro burocrático. Si los Tribunales Eclesiásticos caen en esta tentación traicionarán la conciencia cristiana. Somos los obispos quienes hemos de garantizar esta celeridad compatible con la norma procesal y velar porque el proceso no convierta la declaración de nulidad en un simple trámite judicial, sino que suponga una auténtica liberación de las conciencias”.

El Arzobispo ha recordado que en la diócesis de Valencia “fuimos pioneros, en ese sentido, cuando en el año 2001 creamos el servicio de información y asesoramiento que tantos frutos sigue dando. Este servicio y su experiencia puede ser muy enriquecedora en el futuro, para la Iglesia de España”.

“Cualquier esfuerzo merece la pena para lograr la paz, la reconciliación y la justicia en aquellos que experimentan el dolor. El acompañamiento a los separados, divorciados, las familias rotas, la acogida de quienes han sufrido injustamente la separación, el divorcio o el abandono, o bien se han visto obligados a romper la convivencia por los malos tratos del cónyuge, la preocupación por los hijos, estas situaciones la cercanía y auxilio en aquellos casos en los que la pobreza puede hacer inaccesible la acción procesal, deben ser nuestros objetivos constantes, y así lo hemos querido plasmar institucionalmente”, ha indicado.

«Perfilar la Constitución pero sobre principios básicos y difícilmente reformables”

El titular de la Archidiócesis ha afirmado que “en estos días se oyen peticiones de reforma, seguramente algunos puntos podrían ser perfilados un poco más, pero los principios en que se asienta son básicos y difícilmente reformables”.

“Seguramente los problemas con los que nos encontramos en la aplicación de la Constitución referidos a la dignidad inviolable de todo ser humano, como el derecho a la vida, el matrimonio reconocido por la Constitución o los recortes a la libertad de enseñanza o a lo exigido en el derecho a la libertad religiosa, son expresión del gravísimo problema que afecta a la separación entre verdad y libertad. No hemos de olvidar que la Constitución proclama el principio de libertad religiosa, no el principio de laicismo. La libertad religiosa debe respetarse entera y absolutamente”.

Hoy la Constitución «la vemos como fruto maduro de una voluntad sincera de entendimiento y como instrumento en primicia de un futuro de convivencia armónica entre todos. Como tal se ha mostrado a lo largo de ocho lustros y esperamos que siga siendo durante mucho más tiempo el gran apoyo para esa unidad y concordia que ella misma alienta y confirma porque los principios, derechos y libertades que la sustentan van más allá de un consenso que pueda producirse en un momento u otro de la Historia”.

“Desde aquí hago mi adhesión pública, personal y de todas las Archidiócesis, a la Constitución Española, que surgió del afán de concordia y reconciliación entre todos los españoles y de anhelo de libertad por parte de todos. En su base estuvo el ánimo de llegar a un texto fuese de todos, y subrayo todos, no de unos frente a otros o sobre otros, algo que fue el fracaso de las anteriores Constituciones de España”, ha resaltado.

“Tanto un principio, la unidad de España, como el otro, la dignidad de la persona y sus derechos inalienables, son por sí mismos anteriores a la misma Constitución y forman parte integrante del patrimonio cultural y moral que nos configura como personas y como pueblo. El consenso con el que se elaboró no creó ni esos derechos, porque son fundamentales, ni constituyó un pacto en virtud del cual se fragua la unidad de la nación que es España. Ambos aspectos pertenecen al orden previo sobre el que asienta el orden político, un orden moral que se sustenta sobre la verdad. Quebrar esto significaría violar también el orden moral”.

El Arzobispo ha subrayado que “no fue la comisión redactora del proyecto de texto constitucional, sometido posteriormente a la aprobación popular y legislativa, sancionado por Su Majestad El Rey, y el consenso de las mayorías, que le dieron su ´sí`, con su voto, los que crearon esas normas de conducta básicas en nuestra Constitución porque, en definitiva, no es el consenso ni las mayorías los que determinan las normas morales básicas en las que se fundamenta el orden político asentado en el bien común y a su servicio, espacio abierto para la libertad y libertades de los ciudadanos”.

“La crisis que padecemos en España por los problemas mencionados, tiene mucho que ver con la crisis de la verdad, con el conflicto de autodeterminación absoluto que algunos propugnan, hasta considerarla como algo indiscutible, como una fuerza autónoma de autoafirmación, ciertamente insolidaria, incluido a juzgar las cosas según los propios intereses y con voluntad de poder que se impone sobre los demás, es uno de los problemas principales a mi entender con los que, a casi cuarenta años de Constitución nos enfrentamos”.

“Con los límites que puede tener nuestra Constitución, incluso en el desarrollo del articulado donde se explicitan los principios o fundamentos de toda ella, y más todavía en ciertos desarrollos legislativos o en estados de opinión que se han creado, nuestra Constitución en sus mismas bases respeta y se asienta en ese vínculo de verdad-derechos-libertades. Por eso hago mías las palabras de una instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española sobre el terrorismo que decía: Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder local o de cualquier otro tipo es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria. Sólo así seguiremos respetando nuestra Constitución, todavía muy joven, que exige de todos concordia, unidad y paz social. De otra suerte la conduciremos -si no se está haciendo ya- por los caminos de la desintegración de la sociedad pluricentenaria que es España”.

“Fomentar el espíritu constitucional y el sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento jurídico”

Por su parte, el Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha expresaba el viernes pasado la necesidad de “fomentar el espíritu constitucional y el sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento jurídico”.

El Presidente del TC ha pronunciado hoy la Lección Magistral en la Apertura del Año Judicial del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Valencia sobre las “Relaciones entre el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial”.

En su intervención González Rivas ha puesto de manifiesto la necesidad de que “entre todos hagamos efectivo el sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento jurídico y que en un momento tan histórico y relevante como es la celebración del 40 aniversario de nuestro texto constitucional seamos conscientes de fomentar ese espíritu constitucional”.

De esta manera, ha defendido “hacer propicio en nuestra labor individualizada los principios y valores que han orientado, que orientan y que sin duda seguirán orientando nuestro sistema jurídico de garantías”.

El máximo representante del Tribunal Constitucional ha destacado fundamentalmente que el Tribunal Constitucional, “supremo garante de las garantías constitucionales, el Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial, como órganos constitucionales del Estado, desarrollan una función ineludible en la vida pública del Estado”.

“Como han tenido ocasión de señalar los líderes europeos en sus recientes intervenciones nuestro Estado es un Estado de Derecho basado en el imperio de la ley, en la expresión del sentido democrático del Estado por la ley como expresión de la voluntad general, y ha puesto de relieve la necesidad y la relación entre los poderes del Estado en esa función esencial de fortalecimiento de esos principios y valores constitucionales que se insertan como elementos fundamentales de nuestra vida pública”, ha añadido.

La apertura del Año Judicial del Tribunal Eclesiástico de 2018, presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, se ha celebrado en el XL Aniversario de la Constitución Española y ha tenido lugar en el Centro Cultural de La Beneficencia.

Al acto de apertura han asistido las principales autoridades del ámbito judicial, entre ellas, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva; el presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Fernando de Rosa; Carmen Llombart, vocal del Consejo General del Poder Judicial, así como la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; el delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez y el vicario judicial del Arzobispado de Valencia, Jorge García Montagud.

Igualmente, han acudido al acto solemne el fiscal superior de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana, Antonio Montabes; el magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo de Madrid, Francisco Monterde; el magistrado de la Sala III del Tribunal Supremo de Madrid, José Díaz Delgado; y magistrados del TSJ.

Asimismo, del ámbito universitario ha estado presente la rectora de la Universidad Católica de Valencia, Asunción Gandía, junto a decanos y decanas de facultades de esta universidad, de la Universitat de València y de la Universidad CEU Cardenal Herrera, así como el decano de la Facultad de Teología de Valencia, y también ha habido representación del Cuerpo Nacional de Policía de Valencia, Policía Judicial y de la Guardia Civil de Valencia, y los obispos de la provincia eclesiástica.

Asimismo, ha acudido el prelado auditor del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de Madrid, Pedro Antonio Moreno, y los vicarios judiciales de las diócesis sufragáneas.

Por último, el Cardenal Arzobispo ha expresado “en nombre de todos los obispos de las diócesis de la Provincia nuestro agradecimiento más sincero y profundo por la labor de quienes formáis parte de los tribunales eclesiásticos y cuantos colaboráis en ellos”.

(Archidiócesis de Valencia)

 

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