Arzobispado de Zaragoza: «No ha habido delito alguno»

Tras el comunicado emitido acerca del auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza del pasado dos de mayo de 2017que anula el proceso contra el Arzobispo, el ecónomo diocesano y un perito informático por revelación de secretos y delitos contra la intimidad, a continuación incluimos una síntesis de la rueda de prensa ofrecida este lunes en la Casa de la Iglesia:

En primer lugar ha quedado clara la legitimidad del Arzobispado para desarrollar una facultad inspectora sobre el ordenador de trabajo de su empleada dirigida a confirmar la vehemente sospecha de que era esta persona quien emitía mensajes difamatorios sobre la Institución en la que desarrollaba un trabajo que requiere de un grado alto de confianza, dada la delicadeza de los asuntos de los que se ocupaba: procesos canónicos, la mayor parte causas de nulidad matrimonial. Además, desde ese ordenador, se realizaron filtraciones a terceros, también a diversos periodistas.

2. Esta legitimidad se apoya en sentencia del Tribunal Constitucional.

3. El auto decreta el ‘sobreseimiento provisional y archivo de las causa’. ¿Por qué provisional? Es siempre provisional, “cuando no resulta justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa’. Es decir, no ha habido delito. 

4. Como se aprecia, se trata de malas prácticas profesionales que justifican claramente el despido de esta persona. Si recuerdan, el despido fue declarado improcedente, ya que formalmente así lo era: no dio tiempo a realizar todas las llamadas de atención, pero el asunto era tan grave que resultaba obligado el despido. Con el auto, del pasado dos de mayo, queda claro que el despido fue moralmente procedente. No hace falta recordar, además, que el obispo tiene la facultad de cesar en su oficio.

5. No solamente se ha defendido a la Iglesia de unas prácticas que la han perjudicado notablemente, también, a personas de buena fe que han acudido al tribunal interdiocesano de primera instancia de Zaragoza y que han podido ver lesionados sus derechos.

6. Contra Dña. María del Carmen Amador Gil y D. Roberto-Ignacio Ferrer Sarroca, exnotaria y exjuez del tribunal interdiocesano de Zaragoza de primera instancia, existe abierto un proceso penal. Además, contra estas mismas personas y contra el exprofesor don Antonio Mas, existe un proceso canónico, que tras el visto bueno de la Signatura Apostólica, está instruyéndose en el tribunal de la Rota de Madrid.

7. Al mismo tiempo que lamentamos el daño injustificado que de un modo fehaciente se ha causado a la persona del arzobispo de Zaragoza, monseñor Vicente Jiménez Zamora, a la archidiócesis de Zaragoza, al ecónomo diocesano, don Ernesto Meléndez, y al perito informático, don Jorge Pina; agradecemos y agradeceremos a los medios el trabajo con el que, en la búsqueda de la verdad, sirven a la sociedad.

(Archidiócesis de Zaragoza)

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