«No se puede usar el Derecho con fines partidistas e ideológicos»

El arzobispado de Zaragoza, en un encuentro abierto a todos los medios de comunicación que se celebró en la mañana del 31 de marzo, ha querido dar una respuesta clara y justificada a la polémica decisión del equipo de gobierno municipal, de Zaragoza en Común (ZEC), de iniciar un procedimiento para la declaración de nulidad de las inmatriculaciones de la Seo y de la Magdalena llevadas a cabo por la Iglesia católica a finales de la década de 1980, y de instar al gobierno de Aragón y al de España a reclamar la propiedad de estos dos templos.

Para ello, ha contado con la presencia de la registradora de la propiedad Isabel de Salas y del profesor de Derecho de la Universidad de Zaragoza Alejandro González-Varas, así como del abogado del Arzobispado Ernesto Gómez Azqueta.


“La posible demanda está condenada al fracaso”

Así de contundente se mostraba De Salas, que ha defendido con criterios legales la validez de las inmatriculaciones de estos dos templos zaragozanos. En concreto, ha señalado que la excepcionalidad a la que se refería el Reglamento Hipotecario antes de la reforma de 1998 era en todo caso “una exceptuación de la obligación de registrar y nunca una prohibición”.

De esta forma lo aplicaron multitud de registradores que antes de la reforma ya aceptaban la inmatriculación de los lugares de culto propiedad de las diócesis españolas, entendiendo que dicha ‘exceptuación’ había devenido inconstitucional desde la proclamación de la Constitución de 1978.

Esto se debe a que por la Constitución vigente se declaraba a España un país aconfesional en el que la Iglesia católica no podía ser privilegiada, pero tampoco discriminada. “No permitir a la Iglesia registrar los bienes de que es propietaria desde hace siglos es una discriminación”, ha señalado Isabel de Salas.

Sobre algunas informaciones referentes a una presunta usucapión de estos templos al cumplirse treinta años de su inmatriculación, De Salas ha señalado que esta afirmación no tiene sentido: “La usucapión registral tiene lugar a los diez años de la inmatriculación”. No obstante, la Iglesia es propietaria de la Seo y de la Magdalena desde el origen de estos templos y ha mantenido una posesión continua, pacífica y pública durante siglos.

Aportar dinero no cambia la titularidad

Por su parte, Alejando González-Varas ha señalado que el hecho de ser Bien de Interés Cultural no altera la titularidad de los inmuebles. “Gran parte del patrimonio histórico-artístico de nuestro país pertenece a la Iglesia católica y los poderes públicos no se han mostrado indiferentes a esa realidad. Siempre, sobre todo desde el siglo XIX, han velado por su mantenimiento, sin discutir la titularidad de los bienes”, ha explicado.

Según la Ley de Patrimonio vigente, corresponde al propietario mantener el Bien de Interés Cultural, pero para ello debe contar, en la medida de lo posible, con la colaboración de las administraciones públicas, “sin que este interés por su mantenimiento suponga un cambio en su titularidad”.

Acerca del cobro de una entrada a estos bienes de titularidad privada y de interés público, el profesor de la Universidad de Zaragoza ha afirmado que la ley lo permite y lo que puede constituir un delito es el intento de “entrar gratis cuando a uno le apetezca”. Además, estos ingresos por entrada se dirigen al mantenimiento de los edificios y están exentos de IVA.

“Vamos a defender los derechos de los ciudadanos”

En este sentido, el abogado del arzobispado de Zaragoza Ernesto Gómez ha manifestado que existen “serias dudas sobre si el gobierno municipal puede tomar competencias para tomar ese acuerdo”. Se refería a la decisión de ZEC de intervenir sobre la propiedad de la Seo y de la Magdalena, y sobre la inmatriculación llevada a cabo por la Iglesia a finales de la década de 1980.

Por ello, el Arzobispado se va a personar en el expediente administrativo para llevar un “control” y solicitar al Ayuntamiento toda la información sobre este proceso. “Vamos a ser activos en nuestra acción, en la defensa de los derechos de unos ciudadanos que también nos deberíamos sentir representados por el alcalde de Zaragoza”, ha precisado.

Para Gómez, el Arzobispado “tiene argumentos jurídicos contundentes” y por ello ha pedido “tranquilidad absoluta”, ya que desde la Iglesia se cumple y se va a seguir cumpliendo la legalidad vigente.

(Archidiócesis de Zaragoza)

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