Notas aclaratorias sobre los bienes inscritos a favor de la diócesis de Mallorca

Mallorca logo bisbat MallorcaAnte las informaciones referentes a la inmatriculación de bienes inmuebles que realizó la Diócesis de Mallorca al amparo de la normativa singular que estuvo vigente entre 1998 y 2005.

De un tiempo a esta parte, en distintos ámbitos se ha cuestionado la inmatriculación de bienes inmuebles que realizó la Diócesis de Mallorca al amparo de la normativa singular que estuvo vigente entre 1998 y 2015.

Por ello, consideramos oportuno recordar, desde el rigor histórico y jurídico, cuál es el origen y fundamento de esa normativa excepcional contenida en los arts. 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento, derogada por la Ley 13/2015, de la que se sirvió la Iglesia Católica para inscribir a su favor determinados bienes inmuebles que previamente no constaban inscritos en el Registro de la Propiedad.

1. Ese procedimiento especial estaba al alcance del Estado, las Provincias, los Municipios, las Corporaciones de Derecho Público y de la Iglesia Católica y les permitía la inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes respecto de los que carecían de escritura pública, precisamente porque en muchos casos fueron adquiridos en tiempo inmemorial, previamente a la creación de los Registros de la Propiedad e, incluso, en algunos casos, con anterioridad al nacimiento del Estado.

2. Lo más relevante es que la Diócesis de Mallorca inscribió en el Registro de la Propiedad determinados bienes precisamente porque eran suyos. Por ello, no es acertado pretender hacer ver lo contrario: que la Iglesia Católica adquirió la propiedad de los inmuebles porque merced a ese procedimiento especial los inscribió a su favor.

3. En el caso de la Iglesia Católica, esa falta de escritura pública afecta especialmente a las propiedades inmobiliarias que en el siglo XIX fueron exceptuadas de la desamortización o posteriormente le fueron devueltas por el Estado. Tanto es así que, para determinar qué inmuebles eran propiedad de la Iglesia, el Real Decreto de 21 de agosto de 1860 desarrolló lo dispuesto en la Ley de 4 de abril del mismo año, que ordenaba elaborar una relación de esas fincas. En el caso de Mallorca, el 30 de noviembre de 1865 el Estado y la Diócesis –de común acuerdo- suscribieron la “Relación de las fincas pertenecientes a la Iglesia que no se incluyen en los inventarios de permutación por estar exceptuados de ésta, con arreglo al Convenio celebrado con la Santa Sede”. Pues bien, todos los bienes que la Diócesis de Mallorca ha inscrito al amparo de esa normativa singular están incluidos en el documento firmado con el Estado en 1865.

4. Conviene reseñar que en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1867/1998 se permitió la inscripción tanto de los bienes inmuebles de la Iglesia Católica como de los públicos, hasta entonces excluida por el Reglamento Hipotecario de 1947, prohibición ésta que —lejos de entrañar un privilegio— constituía una auténtica discriminación, pues impedía gozar de las ventajas inherentes a la publicidad registral. Así lo pone de relieve la Exposición de Motivos del citado Real Decreto: “Por otro lado, se suprime por inconstitucional la prohibición de inscripción de los templos destinados al culto católico”.

5. Así, al amparo de esa nueva regulación, entre 1998 y 2015 la Diócesis de Mallorca vino solicitando la inscripción de distintos inmuebles de su propiedad, haciéndolo sobre la base del antes citado documento firmado en 1865.

6. Conviene añadir que la certificación expedida por el Obispo solicitando la inscripción a favor de la Iglesia no causó automáticamente la inscripción, sino que en todo caso se sometió a la calificación del Registrador de la Propiedad, quien solo inscribe si formula un juicio positivo de legalidad.

7. Adicionalmente, las inscripciones practicadas en virtud de esa normativa especial no surten efecto respecto de terceros hasta transcurridos dos años desde que se extendieron. Ello constituye una sólida protección para quien se considere dueño del inmueble inmatriculado a favor de la Iglesia, que obviamente puede ejercitar las acciones judiciales oportunas en defensa de su derecho; de modo que, como no puede ser de otro modo, los Tribunales de Justicia tienen la última palabra para dilucidar quién ostenta el dominio.

8. Finalmente, es de justicia señalar que los Obispos Úbeda, Murgui y Salinas, sucesivos responsables de la Diócesis de Mallorca durante el periodo en que estuvo vigente la normativa comentada, han hecho gala de la mayor prudencia al solicitar la inscripción de bienes inmuebles.

Miércoles, 26 de julio de 2016

(Diócesis de Mallorca)

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