REACCIONES CONDICIONADAS POR LOS IMPACTOS DEL MOMENTO

garcia_aracilMons. Santiago García Aracil      Lo que deseo proponer a la reflexión es algo que invade muy fácilmente el alma de todos cuando conocemos un atentado que ha segado la vida de personas  sin darles lugar siquiera a defenderse. Estos hechos producen verdadera indignación y propician el ánimo de protesta. Rápidamente  se  toma partido a favor de las víctimas. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, lo que no acabo de entender es que muchísimos de los que sienten herida su sensibilidad humanitaria ante la  muerte de adultos indefensos, clamen al mismo tiempo a favor de otras muertes fruto de verdaderos crímenes perpetrados contra criaturas inocentes e indefensas. El mal se agrava más todavía cuando se llega a considerar un derecho el que semejantes crímenes sean protegidos por las leyes de un  llamado Estado de Derecho. ¿Qué derecho es ese si defiende o protege lo que va contra la más elemental sensibilidad humanitaria y en contra del principal derecho universal que es el derecho a la vida.?

Soy consciente de que algunos posibles lectores, al suponer que me refiero al terrible crimen del aborto, dirán: “ya están los curas con sus teorías”. Pues sí: ya estamos los curas y muchísima gente seglar manifestando nuestra radical disconformidad con  lo que no tiene excusa alguna desde ningún punto de vista. No podemos andar con historias y errores tan graves bendecidos por las urnas. Ni podemos consentir que la llamada cultura, hoy dominante en amplios sectores sociales y políticos, encubra o defienda lo que debería dar vergüenza no solo a quienes están involucrados en semejantes desafueros, sino a todos los miembros de la sociedad en cuya historia se producen.  ¿No se critica, y con razón,  a la sociedad y a la política en cuyo tiempo, o bajo cuyos auspicios se han producido y se producen verdaderos holocaustos o exterminios humanos?

Con estas reflexiones no pretendo ocultar mi satisfacción por las justas y necesarias manifestaciones públicas, de diverso estilo, que protestan, por ejemplo,  contra el terrorismo y contra las muertes derivadas del fanatismo, del totalitarismo y de la violencia de género.  Pero no puedo ocultar mi sorpresa, mi desagrado y mi indignación cuando se sienta el precedente de que basta con que nos pongamos de acuerdo los que vivimos, para establecer como un derecho propio la muerte de quienes parece que van a molestarnos al nacer.  Este no es un asunto puramente religioso. En mi criterio, es un asunto de inmadurez cultural que impide alcanzar un verdadero sentido humanitario. En este sentido, la presión de las mayorías no puede considerarse una voz legítima y justa. De ahí el derecho a la objeción de conciencia. Las mayorías también pueden ser dictatoriales lo hemos constatado a lo largo de la historia reciente. El problema de la muerte injusta es, también, un asunto de corresponsabilidad por la que ciudadanos y gobernantes deben ayudar a quienes se sienten impelidos, por debilidad o por egoísmo, a provocar o consentir semejantes crímenes.

El asunto que nos ocupa en estas líneas merece una reflexión muy seria; y ésta depende, también, de la educación recibida. Tema este que debería formar parte de serios estudios para que no se confundan los derechos con  los apetitos, ni la justicia con la autodefensa indiscriminada de los propios intereses contrarios al bien común. El bien de la naturaleza humana está en el buen uso de la libertad y no en una anárquica satisfacción de los propios instintos o de convicciones fanáticas. No olvidemos que esto está en el fondo del problema del aborto y de otras actuaciones ilegítimas e injustificables que atentan contra la vida, aunque algunos las consideren explicables y necesarias. El aborto, incluso en el caso de las violaciones producidas en la indefensión, no tienen consistencia para justificar un crimen que se ejerce, también, en la indefensión de una víctima inocente. En esos y otros casos debería volcarse la solidaridad humana desde la acción política, social y  familiar para evitar un mal mayor. En ello, determinados criterios nacionales e internacionales andan bastante atrasados.

Hay que ayudar a  que piensen y cambien quienes callan ante tan crueles muertes o incluso las apoyan. Es muy importante lograr a tiempo el cambio necesario en la apreciación y tratamiento de este problema. Debemos procurar el convencimiento generalizado de que la propia dignidad como persona no permite a nadie convertirse en verdugo de nadie. Esa misma dignidad exige la defensa incondicional de toda posible víctima indefensa e inocente. Estos posibles comportamientos, hoy desgraciadamente muy frecuentes, degradan a quienes lo causan, y desacreditan a la sociedad y a los gobernantes que los consienten. Sin embargo, no sería justo pensar que todo se resuelve con  leyes punitivas, con policías y con cárceles. Es necesario, sobre todo, recuperar las mejores esencias de la persona  y tenerlas en cuenta para formar criterios y tomar decisiones de tan notable trascendencia.

Vivimos en un mundo peligrosa y progresivamente deshumanizado que, a pesar de todo, no debe ser implacablemente juzgado y condenado. Ha de ser redimido, recuperado, humanizado, dignificado. Y todo esto no va a llegar de la mano de la técnica, a pesar de la indiscutible riqueza que ha aportado y aporta a la vida humana en el curso de los  años. El problema de fondo, subyacente a los males que estamos considerando, no depende tampoco de una simple ley de enseñanza, aunque esta es muy necesaria. Son necesarias y urgentes otras acciones. Hay que recuperar al hombre y a la mujer. Hay que redescubrir las esencias de la persona humana. Hay que llegar a convencerse de que el progreso no está solo en alcanzar mayores cotas de bienestar a cualquier precio. Hay que lograr que se descubra y se ame la verdadera libertad, imposible de alcanzar desde un sentido subjetivista y relativista de la vida, de la verdad o de la justicia. Hay que lograr que sea más humana la vida de las personas y de las comunidades en su dimensión individual, familiar, social, política, económica, laboral, etc.  Sólo así la creciente aldea global no terminará produciendo más y más declaraciones de grandes principios, y dependiendo, sin embargo, lamentablemente, de la ley del más fuerte.

Sea dicho de paso, que la ley del más fuerte priva también donde se interpreta la libertad de expresión como el derecho legalmente protegido para la ironía desconsiderada e injustamente hiriente y destructiva, para la calumnia, para la blasfemia, o para el descrédito y la difamación que lleva consigo la publicidad negativa contra quien no ha sido declarado justamente culpable de un mal determinado.

Da miedo pensar que las malas actuaciones que acabamos de enumerar a título de ejemplo, pueden causar las injustas violencias que también hemos lamentado en estas líneas.

+  Santiago García Aracil

Arzobispo de Mérida-Badajoz

Mons. Santiago García Aracil
Acerca de Mons. Santiago García Aracil 73 Articles
ons. D. Santiago García Aracil nació el 8 de mayo de 1940 en Valencia. Es Licenciado en Teología por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia (1976). CARGOS PASTORALES Fue cura párroco de Penáguila entre 1964 y 1965. Consiliario Diocesano de la Juventud Estudiante Católica (1966-1984). Maestro de Capilla del Seminario Corpus Christi de Valencia entre 1966 y 1984. Además, fue Delegado Diocesano de Pastoral Universitaria entre 1972 y 1984. Ha sido en Valencia fundador del Centro de Estudios Universitarios en 1971. El 27 de diciembre de 1984 fue ordenado Obispo Auxiliar de Valencia, cargo que desempeñó hasta 1988. Ese año fue nombrado Obispo de Jaén. El día 9 de julio de 2004, el papa Juan Pablo II le nombró arzobispo para ocupar la sede metropolitana de Mérida-Badajoz. Tomó posesión de la diócesis el 4 de septiembre de 2004. El papa Francisco aceptó su renuncia el 21 de mayo de 2015. OTROS DATOS DE INTERÉS En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social desde marzo de 2014. Ha sido miembro de las Comisiones Episcopales de Pastoral (1987-1990), Relaciones Interconfesionales (1987-1990/2005-2008); Seminarios y Universidades (1990-1993); Enseñanza y Catequesis (1990-1993) y Patrimonio Cultural (1993-1999). Fue Presidente de esta última Comisión de 1999 a 2005 y de la Comisión Episcopal de Pastoral Social desde 2008 a 2014. El 20 de octubre de 2011, en la CCXXI reunión de la Comisión Permanente, fue nombrado miembro de la "Junta San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia".