Manifiesto de entidades en contra el actual funcionamiento del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI)

Zaragoza Manifiesto contra renta inserción aragonésPlataforma de entidades en contra del actual funcionamiento del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI)

Cáritas Diocesana de Zaragoza

Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón

Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales

Plataforma de Profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza

Manifestamos públicamente

1.- “NO A LA GLOBALIZACIÓN DE LA INDIFERENCIA” – CDZ ha registrado, hasta octubre de 2014, un 20% más de ayudas económicas directas que en el  mismo periodo del año anterior. Intervención: Cáritas Diocesana de Zaragoza

Los datos del recientemente publicado Informe FOESSA señalan que en Aragón cerca de 255.000 personas se ven afectadas por procesos de exclusión,  representando el 19,1% del total de la población y más de 83.000 hogares. Dentro de este espacio de exclusión en Aragón destacan las 107.000 personas (el 42% del total de la exclusión) que se encuentran en la exclusión más severa (casi 31.000 hogares).

Si realizamos una mirada más amplia al conjunto de la sociedad aragonesa y observamos la variación en términos de renta media en los años de la crisis, vemos que ésta no ha afectado de la misma manera a todas las capas sociales. Entre 2008 y 2012, el 10% más pobre disminuyó su renta media un 12,15%, mientras que el 10% más rico no sólo no retrocedió posiciones de renta, más bien al contrario, su renta se incrementó un 1,58% durante este periodo. Estas cifras llevan a una conclusión final: se ha producido un incremento de la desigualdad en Aragón del 22,4%, una evolución notablemente más negativa que en el resto de España (8,6%). El riesgo de pobreza o exclusión social en Aragón afecta a 1 de cada 5 personas, prácticamente igual que hace 20 años.

Parte de esta desigualdad y de estas situaciones de pobreza y exclusión social, encarnadas en familias, hombres, mujeres y niños y niñas de nuestra Comunidad Autónoma, se constata en el día a día de la intervención social y comunitaria que realiza Cáritas. Teniendo en cuenta nuestra distribución territorial, una gran parte de estas personas y familias se encuentran en los municipios más grandes con gran incidencia en la ciudad de  Zaragoza.

Cáritas Diocesana de Zaragoza ha visto como, de 2007 a 2013, ha multiplicado por más de cinco el importe de ayudas económicas concedidas a las familias en situación o riesgo de exclusión social. Hasta octubre de 2014, esta tendencia al alza continúa produciéndose ya que se han otorgado 12.146 ayudas económicas, por un importe de 1.867.492 €, casi un 20 % más que en el  mismo periodo del año anterior.

Cáritas vive esta realidad en directo, soportando estructuralmente el aumento de estas necesidades sociales y del número de familias que las sufren; necesidades no sólo económicas y que se han visto agravadas por las dificultades de acceso a prestaciones sociales públicas, como el Ingreso Aragonés de Inserción o las Ayudas de Urgente Necesidad, debido a una respuesta insuficiente de las administraciones públicas.

Ante el recorte de prestaciones sociales, por la vía de los hechos, que afecta a los derechos humanos y, por ende, a la propia dignidad de las personas, Cáritas cuenta con herramientas de observación de la realidad que permiten dar a conocer la situación que vive cotidianamente de una manera objetiva y cualificada y ejercer así una de las misiones inherentes a su identidad: la denuncia profética.

Durante los meses de verano de 2014 realizó el registro sistematizado de 345 incidencias, a modo de cata de una realidad más amplia y continuada en el tiempo, de disfunciones producidas en el funcionamiento de dichas prestaciones sociales. Estas incidencias afectaban a 294 familias atendidas por la entidad, un total de 1.059 personas,  593 adultos y 466 menores.

De estas 345 incidencias registradas, 228 correspondían al Ingreso Aragonés de Inserción, 93 a Ayudas de Urgente Necesidad y 24 a Ayudas de Integración Familiar.

Con referencia al Ingreso Aragonés de Inserción, algo más de 8 de cada 10 incidencias se referían a demoras en su concesión  (194 incidencias ), habiendo solicitudes sin resolver desde febrero de 2013 y siendo lo más frecuente prestaciones que se solicitaron entre enero y mayo de 2014 (78,4%). Lasiguiente incidencia más frecuente en el Ingreso Aragonés de Inserción (4,8%, un total de 11 incidencias)  es la no tramitación de la solicitud por los Servicios Sociales, aun cumpliendo la familia con los requisitos para ello. También se detectaron incidencias referentes a denegaciones de la prestación de manera no suficientemente justificada que representan el 3,1% del total.

Otra de las prestaciones que no podemos dejar de mencionar, son las Ayudas de Urgente Necesidad. En este caso la incidencia más frecuente es la no tramitación de la ayuda (3 de cada 4 casos), habiendo también 12 denegaciones insuficientemente justificadas.

Nos parece importante mencionar que el 50% de las incidencias detectadas en Ayudas de Integración Familiar se refieren a demoras en la concesiónde las mismas.

Si tenemos en cuenta que detrás de la solicitud de estas prestaciones se encuentran familias que incluyen en su composición a un colectivo especialmente sensible de beneficiarios como son los menores, el alcance de las inconsistencias y disfunciones no pueden dejarnos indiferentes.

Como conclusión:

-En este contexto de incremento de la desigualdad y de la exclusión social, que generan injusticia social, constatamos importantes dificultades de acceso a las principales prestaciones de los Servicios Sociales Públicos. En parte y debido a ello, las ayudas y aportaciones de Cáritas Diocesana de Zaragoza a familias en situación de desprotección social continúan aumentando. Conviene recordar que Cáritas, como entidad privada, tiene un papel complementario y no subsidiario al de los Servicios Sociales Públicos.

-Emplazamos a las administraciones públicas a corregir las deficiencias en el acceso a las prestaciones económicas existentes y a que eviten con los medios que corresponda que éstas u otras no se produzcan en el futuro, dadas las consecuencias que ello supone para un número importante de ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad.

2.- VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS, INTERPRETACIÓN ARBITRARIA Y APLICACIÓN DE REGLAS INEXISTENTES EN LA LEY ACTUAL. – Más de 3.000 expedientes pendientes de resolución, más de 3.000 familias sin ingresos y que se ven abocadas a la pobreza más severa. Intervención: Plataforma de Profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza

Los Trabajadores Sociales de los Centros Municipales de Servicios Sociales, son los responsables de informar a los ciudadanos de los requisitos necesarios y las condiciones para la concesión, según la normativa, del Ingreso Aragonés de Inserción. También son  los responsables del establecimiento y seguimiento del Plan Individualizado de Inserción que parte del estudio y valoración de la situación de cada una de las personas y familias que solicitan la prestación, y marca los objetivos a trabajar conjuntamente con los miembros de la unidad familiar y los acuerdos y actividades para llevarlos a cabo.

A fecha de hoy (27 de noviembre de 2014) el retraso en la resolución del Ingreso Aragonés de Inserción oscila entre los 8 meses si se trata de una renovación y los 10 meses si se trata de un expediente nuevo. Según datos del propio consistorio, por cada 100 expedientes tramitados desde los Servicios Sociales, únicamente se recibe resolución de un 29%. Esto supone que solo en la ciudad de Zaragoza haya más de 3.000 expedientes pendientes de resolución, más de 3.000 familias que se ven abocadas a la pobreza más severa.

Además, durante los últimos meses, en el trabajo cotidiano con las familias, se detectan diferentes situaciones que están vulnerando el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a acceder a la prestación, al hacer una interpretación arbitraria de la normativa o aplicar reglas que no existen en la legislación actual. Todo ello, en lo que parece un intento de “reducir a toda costa” el número de perceptores de la prestación, justo en un momento en que la crisis sigue golpeando a la población.

Se constata también que no se tienen en cuenta los contextos familiares y la complejidad de las situaciones sociales de las familias, pasando por encima de las valoraciones e informes de los profesionales de los servicios sociales, y hurtando su tarea de intervención y seguimiento, a pesar de que, en muchos casos, se lleva varios años trabajando con las familias y, consecuentemente, se conoce su situación ampliamente.

También se viene observando la aplicación de criterios recogidos en el proyecto de Ley de Reforma del Ingreso Aragonés de Inserción, en este momento en tramitación parlamentaria y que, por tanto, no son de aplicación con la actual legislación. Concretamente: la denegación de la prestación a menores de 25 años, emancipados desde hace varios años, aduciendo que no queda acreditada la situación de necesidad al disponer sus familias de ingresos suficientes; o la denegación aludiendo, entre sus motivos, que la unidad familiar lleva percibiendo el Ingreso Aragonés de Inserción tres años, aspecto que contempla el proyecto de ley pero que no aparece en la legislación vigente.

A su vez, se ha observado la aplicación de la presunción de falsedad ante cualquier situación que se entienda, como no suficientemente clara, aunque sea en contra del estudio y valoración del Trabajador Social de referencia.

Como ejemplo, en lo que se refiere a la composición de la  unidad familiar, se deniega a personas que conviven con otras sin mantener relación entre ellas, o se solicita por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), documentación que acredite no sólo la composición de la unidad familiar, como está legalmente establecido, sino que acredite la situación económica y residencia de personas que no forman parte de la misma.

Siendo la inserción laboral uno de sus objetivos del IAI, se están produciendo denegaciones de la prestación porque en el momento de su resolución alguno de los miembros de la unidad familiar ha encontrado un trabajo de tipo puntual y se encuentra de alta en la Seguridad Social. Tras nueve o diez meses de espera, no se realiza tan siquiera una mera consulta a los Trabajadores Sociales responsables del seguimiento para contrastar esa situación, la duración del contrato… Implícitamente se penaliza a los ciudadanos que aceptan un empleo.

En algunos casos, se ignoran las circunstancias sociofamiliares de conflicto, hacinamiento, potenciación de la autonomía… que aconsejan la concesión de la prestación procediendo a denegarla al margen de los informes profesionales presentados, en ocasiones, no únicamente del Trabajador Social, sino también de los elaborados conjuntamente por educadores, psicólogos, psiquiatras y otros profesionales.

La lista de absurdos es inacabable: solicitar el empadronamiento en una vivienda ocupada a una familia desahuciada; suspender la prestación a una familia numerosa por continuar en una vivienda en las mismas condiciones y pese al trabajo realizado para encontrar una normalizada; denegar la prestación por existir “cualificación suficiente”…

En los últimos meses se ha convocado a todos los perceptores del IAI a acudir a sesiones obligatorias de motivación y orientación laboral en el INAEM, so pena de perder su prestación. Medida que consultada previamente con los profesionales y dirigida a personas concretas, podría haber sido de gran utilidad, pero que al aplicarse de manera indiscriminada, nuevamente sin tener en cuenta las diferentes situaciones sociales y familiares y sin valorar la posible existencia de problemáticas previas que dificultan su participación, o si son necesarios otros recursos o es preciso otro tipo de acción…, no podemos entender como una medida orientada por un interés para mejorar la empleabilidad de las personas, sino como un medio para disminuir el número de familias que perciben esta ayuda.

El Ingreso Aragonés de Inserción, desde su origen, cuenta con una carencia de recursos específicos, no sólo destinados a la cualificación e inserción laboral, sino también a otros ámbitos, siempre al servicio de un Plan de Inserción y de un trabajo individualizado.

Situaciones como las descritas, esconden un análisis de la realidad en el que los ciudadanos no son portadores de derechos, sino más bien personas sospechosas de estar engañando a la administración, desmotivadas y sin interés por salir de su situación, induciendo a una idea de fraude colectivo que no es real, que no se basa en datos acreditados y que sólo busca legitimar nuevos recortes en el acceso a esta ayuda.

3.- “NOS DEBEMOS A LA CIUDADANÍA”. – Preocupación por la fragilidad de algunos límites técnicos y en algunas intervenciones profesionalesIntervención: Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón

Ante la Reforma Legislativa en proceso y el actual funcionamiento del Ingreso Aragonés de Inserción, como Órgano Colegiado y desde un enfoque profesional y técnico, se señala la PROFUNDA PREOCUPACIÓN por:

La falta de comunicación oficial a los Servicios Sociales Comarcales y a los Trabajadores Sociales de referencia de los casos del Ingreso Aragonés de Inserción –comunicación de su concesión, extinción o cualquier otra contingencia-, por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Esta comunicación y relación que se había dado tradicionalmente desde un planteamiento de cooperación interadministrativa ya no se realiza, siendo un elemento que dificulta la coherencia de las intervenciones, la transparencia y la participación coordinada de todos los agentes implicados en torno a la materia.

La detección de algunas situaciones que han llegado al Colegio Profesional en relación con la presión institucional y la fragilidad de algunos límites técnicos y en algunas intervenciones, solicitudes o seguimientos del Ingreso Aragonés de Inserción y al nuevo enfoque que se da a esta prestación:

a) Extralimitación en la petición de documentación innecesaria a efectos de la prestación (por ejemplo, petición de pasaporte u otra documentación). El exceso de celo no tiene una justificación proporcional al propio Ingreso y a su objetivo, ni se ajusta al enfoque de derechos y protección social que pretende esta prestación.

b) Minusvaloración de los diagnósticos y del contenido (o parte del contenido) de algunos Informes Sociales de los Trabajadores Sociales de referencia de perceptores del IAI, poniendo en duda la veracidad de algunos datos.

c) Indagación extralimitada, en algunos casos, – por ejemplo, expedientes sobre causas de despido laboral-, cuando en ningún apartado de la norma ni de la gestión del Ingreso, es necesario ni obligatorio, ejerciendo labores de control que no son éticas, ni profesionalmente adecuadas para la intervención social además de no atenerse a derecho.

Estas cuestiones, que pueden llevar a dilemas de tipo ético y deontológico, serán objeto de estudio por parte del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón y de un Comité Deontológico en el primer trimestre del año 2015.

La disparidad de pautas en la gestión y criterios técnicos aplicados en las distintas provincias aragonesas (y direcciones provinciales del IASS). Esto denota una falta de rigor en la gestión y una minusvaloración de las y los ciudadanos perceptores o susceptibles de ser perceptores del IAI.

Sabemos del gran esfuerzo de los profesionales en la atención, intervención social y gestión de las prestaciones, entre ellas, el Ingreso Aragonés de Inserción, sin embargo, hacemos un llamamiento a las instituciones y los profesionales para poner en el centro de la gestión de los servicios y prestaciones públicas a los ciudadanos, es decir, nos debemos a la ciudadanía, y por ello las intervenciones sociales deben estar siempre regidas por la promoción y defensa de los derechos sociales y humanos.

4.- TESTIGOS Y VÍCTIMAS. – Varios perceptores o personas susceptibles de percibir el Ingreso Aragonés de Inserción nos ofrecen su testimonio Intervención: Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales

¿Cómo vives durante el tiempo de espera del IAI? ¿Cuáles son las consecuencias para ti y tu familia?

¿Cómo crees que te percibe el resto de los ciudadanos? ¿Qué piensan de ti los políticos?

¿Cómo vislumbras el futuro?

 ********************

“Somos  Angel, Aurora, Teresa, Mohamed y Gloria, dependemos del IAI para llevar a nuestras casa los alimentos de cada día, para poder tener luz, para no perder nuestra vivienda.

Vivimos con la incertidumbre de saber que hagamos lo que hagamos no llegaremos a fin de mes y que algo se quedara sin pagar.

Cada mes decidimos qué dejamos a deber, a quién podemos pedirle esta vez. Tenemos que decidir entre pagar el alquiler o la luz para que no nos la corten. Cuanto esto sucede dejamos de coger el teléfono al dueño del piso o inventamos o negociamos pagarle a plazos”.

 *********************

“Somos Rosa, Manuel, Trini y Fátima, tenemos que acudir muchas veces al Ayuntamiento o a Instituciones como Cáritas o Cruz Roja a solicitar alimentos o ayuda para pagar material escolar de nuestros hijos. No es fácil tener que pedir ayuda, a veces, nos sentimos enjuiciados, humillados, no podemos evitar pensar que no somos capaces de mantener a nuestras familias. Nos repetimos a nosotros mismos que somos personas.

Nuestros hijos no hacen actividades extraescolares ni tampoco van a las excursiones del colegio. Nuestros hijos nos preguntan por qué somos pobres, por qué no encontramos trabajo y, sobre todo, si siempre va a ser así. Tenemos miedo al futuro, al nuestro, no vemos salida. Tenemos miedo de quedarnos fuera del mercado laboral pero, sobre todo, tenemos miedo por nuestros hijos, no sabemos cómo les va a influir en su futuro lo que están viviendo ahora, confiamos en la educación y nos agarramos a la esperanza de que ellos podrán vivir de otra manera.

Todo esto nos ocurre cuando cobramos el IAI, que nos da cierta estabilidad. Pero casi todos nosotros hemos experimentado lo que es esperar hasta diez meses a que nos llegue. Cuando esto sucede nuestra vida se convierte en una búsqueda constante de alguien que nos ayude a pagar el alquiler o la hipoteca para que no nos desahucien, alguien que nos ayude a llenar la nevera, y buscamos a quién nos anime, los profesionales y voluntarios se convierten en nuestro único apoyo. En estos meses que todos hemos vivido nuestro sueño se trastoca aún más, nuestra salud se resiente al no poder acceder a muchas medicinas y nuestra estima ahora sí que desaparece”.

 ********************************

 “Somos Luis, Edwin, Oscar, Chelo, Marga, Susana y Daniel y no nos gusta vivir del Ingreso Aragonés de Inserción. Somos hombres y mujeres capaces, válidos, estamos inmersos en una crisis laboral que nos ha orillado, hemos trabajado, mantenido a nuestras familias, hemos contribuido como todos a esta Comunidad y queremos seguir haciéndolo.

No somos vagos ni defraudadores, queremos un empleo y no un subsidio con el que malvivimos y malviven nuestros hijos. Queremos seguir formando parte de la sociedad y no ser los que acuden a servicios sociales y sobre los que cae siempre la sospecha.

Nadie busca encontrarse en la situación en la que estamos nosotros, pero si esto ocurre, necesitamos Instituciones que pongan a las personas por delante de todo”.

 ********************************

Agencia SIC
Acerca de Agencia SIC 39344 Articles
SIC (Servicio de Información de la Iglesia Católica), es una agencia de noticias y colaboraciones referidas a la Iglesia en España, creada en noviembre de 1991 por el Episcopado español y dependiente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social (CEMCS).