Cáritas Diocesana de Santander se posiciona ante los recortes en protección social y asistencia sanitaria

En la mañana del martes, 15 de mayo, Francisco Sierra Gutiérrez, Secretario General de Cáritas Diocesana de Santander, se reunió con la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales en el Gobierno de Cantabria para transmitirle la preocupación de la entidad ante las modificaciones planteadas en la normativa de la Renta Social Básica (RSB) y del Sistema Público de Salud.

La reunión había sido solicitada por el representante de Cáritas Diocesana en el momento en que se produjeron las primeras declaraciones de la Consejería en relación a los cambios propuestos en la RSB. A la preocupación por este tema, la entidad sumo en las últimas semanas la intención de trasladar a la Consejería la incertidumbre producida ante la denegación del acceso a la atención sanitaria primaria y especializada a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.

Valoración de la nueva normativa propuesta para la Renta Social Básica

Para que la RSB pueda hacer efectivo el derecho a la protección social de las personas en situación o riesgo de exclusión social posibilitando la cobertura de sus necesidades básicas y su derecho a la incorporación social, CD Santander ve necesario:

– Agilizar la tramitación de la RSB, manteniendo además el derecho a la misma desde el momento de su solicitud y haciendo que su renovación sea automática mientras no cambie la situación de la persona. Francisco Sierra señala que “en este momento en Cáritas Diocesana nos encontramos cada vez más con personas que no cuentan con ningún tipo de ingreso y al solicitar la RSB se encuentran con un trámite que lleva entre 5 y 8 meses. En ese tiempo, Cáritas está asumiendo la cobertura de las necesidades básicas de muchas de esas personas que no cuentan con un colchón familiar que les apoye”. El representante de Cáritas incidió en su reunión con la Consejera en dar la posibilidad de complementar los 426 euros de la RSB con salarios de baja intensidad hasta alcanzar el SMI.

– Sierra hizo también hincapié en no condicionar la obtención de esta prestación a la residencia legal de 1 año en la Comunidad Autónoma ya que ve una manifiesta contradicción hacia la persona migrante en situación administrativa irregular el que se le permita empadronarse como un vecino más de su municipio pero sin permitir su acceso a determinados derechos que la entidad considera innegociables.

– Cáritas Diocesana demanda también la puesta en marcha de los programas de incorporación social que la propia Ley de Servicios Sociales del 2007 establece y que garantizarían un seguimiento personalizado de los procesos de inserción social. La entidad ve necesario también que se retome la convocatoria del Consejo Asesor de Servicios Sociales como órgano de consulta para la valoración de cualquier medida que afecte al sector que representan.

Posicionamiento ante la modificación del Sistema Público de Salud

Hoy jueves, 17 de mayo, se vota en el Parlamento la aprobación del nuevo Decreto Ley en el que, entre otras medidas, se elimina el derecho de acceso a la atención sanitaria primaria y especializada de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Cáritas Diocesana se suma a las voces de apoyo a estas personas que, por el simple hecho de serlo, tienen reconocido a nivel internacional su derecho a la salud. Asimismo, la entidad se muestra contraria a la propuesta de cubrir la asistencia sanitaria de estas personas a través de una red paralela de convenios con ONG.

La salud es una de las condiciones más importantes de la vida humana y por ello tendría que estar garantizado el acceso de todas las personas a alcanzar y mantener una vida sana, sin enfermedades y sufrimientos evitables ni mortalidad prematura.

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