¿Educación o ideologización?

Mons. Santiago García Aracil    Son muchas las instituciones que reclaman el derecho a la educación. No cabe duda de que con ella se logran muchísimas cosas que pueden interesar a unos o a otros. De hecho, los Gobiernos, aprovechando el deber de velar para que todos los ciudadanos reciban la educación acorde con su identidad, con su edad y con su proyecto de vida, procuran orientarla, más o menos disimuladamente, al servicio de sus intereses políticos a corto o a largo plazo. De ahí que las leyes de educación vayan cambiando según las ideologías que detentan el poder. ¿Es esto legítimo? Sencillamente, no.

El Estado ha de procurar que ningún ciudadano carezca de los medios necesarios para adquirir la educación que necesita. Pero una cosa es procurar los medios y otra imponer las líneas y los métodos educativos. Eso corresponde a los padres durante la minoría de edad de los hijos, y a cada persona joven o adulta, de acuerdo con sus ideas y creencias, y según su personal proyecto de vida. De ahí que, entre los derechos fundamentales de la persona en una sociedad democrática figure el de la libertad de educación. Este es un derecho que ningún político se atreve a negar. Pero es un derecho que raramente cumplen del modo adecuado.

La fuerte lucha en favor de la enseñanza llamada pública, y el interés abiertamente manifestado por ir reduciendo las posibilidades de la mal llamada enseñanza privada, es una buena prueba del interés político por educar de acuerdo con la ideología gobernante. En uso del derecho a la libertad de expresión propio de una sociedad democrática, quiero decir que esa forma de actuar no es justa porque impide el ejercicio del derecho a elegir la enseñanza o educación que cada padre o cada uno prefiere. Sin embargo, esa es la conducta de muchos políticos y de muchas ideologías cuando ostentan el poder.

La educación no es ni pública ni privada. En todo caso podrá ser de iniciativa estatal o gubernamental, o de iniciativa social. Ambas han de ofrecerse a todos como opciones entre las que elegir libremente. El erario público, que los ciudadanos aportan por los procedimientos legítimos de contribución a los servicios sociales o comunes, debe atender a las distintas opciones educativas presentes en la sociedad, siempre que éstas respeten los principios básicos de la convivencia democrática. ¿No se atienden desde el erario público muy distintas actividades culturales, festivas, de ocio y de otros órdenes? ¿Por qué no ha de gozar plenamente de las mismas atenciones la educación, que es fundamental para el desarrollo de la persona y de la sociedad?

Si respetamos estas mínimas y básicas reglas de juego, necesarias en una sociedad democrática, entenderemos que la Iglesia, como institución públicamente reconocida en la sociedad, y especialmente en la sociedad y cultura occidentales, en cuyas raíces está presente y operante el cristianismo, tiene pleno derecho a educar a quienes se lo pidan. En consecuencia, la Iglesia tiene derecho (reconocido por la Constitución española y por los acuerdos parciales entre la Iglesia y el Estado) a crear sus instituciones educativas, a ampliarlas según la demanda, y a recibir del Estado, para ello, el apoyo económico necesario. El pensamiento y la actuación contrarios pertenecen a criterios sectarios o absolutistas, que es lo mismo que dictatoriales. Criterios estos últimos que no concuerdan con los principios democráticos, aunque a pesar de todo están presentes y operantes en nuestra sociedad actual por la fuerza de las mayorías parlamentarias, reales o pactadas. Pero ni las mayorías más amplias tienen autoridad para recortar los derechos fundamentales de la persona y de los grupos sociales.

Comprendo que la forma de actuar, limpia y abierta al verdadero estilo democrático, a favor de la cual me manifiesto, pueda parecer a muchos notablemente costosa para los propios intereses políticos. Y reconozco que pertenece a la prudencia política y ciudadana llevarla a término paulatinamente. Pero la política es el arte de potenciar progresivamente a la polis, a la ciudad en su totalidad y en su integridad, según los derechos fundamentales sin recurrir a subterfugios o rizos interpretativos. Por tanto, es un deber de los políticos procurar que se respeten plenamente, en todos los campos sociales, los derechos fundamentales de las personas y de los grupos sociales legítimamente constituidos.

Todos estamos llamados a procurar que nuestra sociedad sea coherente con los principios desde los que se define, siempre que esa definición sea respetuosa con los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, más que establecer frentes de lucha por la implantación de la verdad, es deber de todos presentar la verdad, con claridad y valentía, con paciencia y constancia, y con todos medios propios de una sociedad de derecho. En una sociedad democrática los derechos del poder constituido tienen su razón de ser en los votos, siempre que estos hayan gozado de verdadera libertad en todo su proceso. Lo cual requiere que los votantes hayan podido conocer, sin esfuerzos especiales, el programa de gobierno de los candidatos.

Decidámonos a trabajar en favor de una sociedad verdaderamente democrática, aportando para ello grandes dosis de respeto, de diálogo, de paciencia, de claridad y de valentía.

 

+Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Mons. Santiago García Aracil
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ons. D. Santiago García Aracil nació el 8 de mayo de 1940 en Valencia. Es Licenciado en Teología por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia (1976). CARGOS PASTORALES Fue cura párroco de Penáguila entre 1964 y 1965. Consiliario Diocesano de la Juventud Estudiante Católica (1966-1984). Maestro de Capilla del Seminario Corpus Christi de Valencia entre 1966 y 1984. Además, fue Delegado Diocesano de Pastoral Universitaria entre 1972 y 1984. Ha sido en Valencia fundador del Centro de Estudios Universitarios en 1971. El 27 de diciembre de 1984 fue ordenado Obispo Auxiliar de Valencia, cargo que desempeñó hasta 1988. Ese año fue nombrado Obispo de Jaén. El día 9 de julio de 2004, el papa Juan Pablo II le nombró arzobispo para ocupar la sede metropolitana de Mérida-Badajoz. Tomó posesión de la diócesis el 4 de septiembre de 2004. El papa Francisco aceptó su renuncia el 21 de mayo de 2015. OTROS DATOS DE INTERÉS En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social desde marzo de 2014. Ha sido miembro de las Comisiones Episcopales de Pastoral (1987-1990), Relaciones Interconfesionales (1987-1990/2005-2008); Seminarios y Universidades (1990-1993); Enseñanza y Catequesis (1990-1993) y Patrimonio Cultural (1993-1999). Fue Presidente de esta última Comisión de 1999 a 2005 y de la Comisión Episcopal de Pastoral Social desde 2008 a 2014. El 20 de octubre de 2011, en la CCXXI reunión de la Comisión Permanente, fue nombrado miembro de la "Junta San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia".