El portavoz de la Santa Sede lamenta la falta a la verdad de algunos medios con respecto a los casos de pederastia


El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Padre Federico Lombardi señaló el pasado sábado, en una nota, que la «presentación de algunos medios sobre un caso dramático de abusos por parte de un sacerdote de la diócesis estadounidense de Tucson, en los años 70, se aparta de la realidad de los hechos ocurridos verdaderamente».
La nota del padre Lombardi añade que «de la documentación, en efecto, resulta claramente y con certeza que los responsables de la Congregación para la Doctrina de la Fe – a la que se había dirigido la mencionada diócesis estadounidense, puesto que se trata de un caso referido al crimen de ‘solicitación’ del sacramento de la penitencia – se han interesado de forma activa en el curso de los años 90, con el fin de que el proceso canónico en curso en la diócesis de Tucson se llevara a cabo debidamente. Y ello ocurrió en 1997, con sentencia de reducción al estado laical. Lo que ha sido confirmado con precisión, en las respuestas a las preguntas de la prensa local, por parte del obispo de Tucson, Mons. Kicanas, también a través de la publicación de las cartas provenientes de la misma Congregación».
Sin embargo, dicho sacerdote «presentó una apelación contra la sentencia y su recurso llegó al Tribunal de la Congregación cuando ya se había puesto en marcha la revisión de las normas canónicas precedentemente en vigor». Por lo que – añade el P. Lombardi – «las apelaciones quedaron pendientes hasta que entrara en vigor la nueva legislación en 2001, que lleva todos los casos de ‘delitos más graves’ bajo la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, para una gestión más segura y rápida».
«A partir de 2001, todas las apelaciones pendientes fueron gestionadas tempestivamente y, este caso fue uno de los primeros en ser examinado. Ello requirió tiempo, también porque la documentación presentada era particularmente voluminosa. En todo caso, la sentencia de primer grado fue confirmada ‘in toto’, es decir totalmente, con la consiguiente reducción al estado laical en 2004». Reitera la nota del director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que termina señalando que «no se debe olvidar que, aun cuando las apelaciones permanecen pendientes y la sentencia queda suspendida, siguen en vigor las medidas cautelares impuestas por el obispo al imputado. En efecto, en este caso el sacerdote ya había sido suspendido desde el año 1990».

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