“El Capellán Castrense y el derecho internacional”, ponencia de José Luis Rodríguez-Villasante en la Conferencia Internacional de Jefes de Capellanes Militares

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Ofrecemos la ponencia que ha impartido esta mañana el José Luis Rodríguez-Villasante, Director del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española, en la segunda jornada de la XXI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE JEFES DE CAPELLANES MILITARES. “El Hecho Religioso en las Fuerzas Armadas: Libertad y Diversidad”, que tiene lugar estos días en Madrid en la sede del Centros Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEM), y en el que participan jefes capellanes castrenses de todo el mundo y de diversas religiones.

Ponencia

I. INTRODUCCIÓN

A. EL CONCEPTO DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH)

En los orígenes de la humanidad se pueden encontrar normas que tratan de regular la conducta en la guerra, costumbres humanitarias y prácticas ( derivadas de imperativos morales, religiosos, políticos, militares y hasta económicos) que exigen que se respete a quien no combate o no puede ya combatir y se le dé un trato humano. Estas normas nacen de la guerra misma (tratados entre jefes militares o prácticas seguidas por los hombres de armas a lo largo de la historia) y se convierten en reglas consuetudinarias que reglamentan la guerra. Son las “Leyes, usos y costumbres de la guerra”.

Los usos reglamentaron algunas cuestiones de las hostilidades, el comportamiento de las fuerzas armadas en campaña, el respeto a las poblaciones civiles, los poderes del ocupante de territorio enemigo y -en contraste con la práctica anterior- adoptaron progresivamente los principios de necesidad (sólo está justificado hacer uso de la cantidad y clase de fuerza necesaria para la derrota del enemigo), humanidad (la obtención del objeto de la guerra es compatible con el respeto a los heridos, enfermos, náufragos, prisioneros y población civil), lealtad y cierto respeto mutuo.

El Derecho Internacional Humanitario o Derecho de Ginebra va dirigido a la protección de las víctimas de los conflictos armados, es decir, a la protección de los heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, población civil, personal sanitario y religioso y, por extensión, bienes culturales, lugares de culto, bienes indispensables para la supervivencia de la población civil o medio ambiente natural. Nace con el Convenio de Ginebra de 1864 y, en la actualidad, se concreta en los cuatro convenios de Ginebra de 1949, en el Convenio de la Haya de 1954, sobre bienes culturales y en los dos Protocolos de 1977, Adicionales a los Convenios de Ginebra, en cuya aplicación destacan las organizaciones humanitarias como el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El Derecho Internacional Humanitario comprende también las reglas sobre la conducción de las hostilidades y este concepto amplio se abre paso en las normas internacionales y en el ámbito del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, donde se utiliza esta denominación de gran tradición y aceptación universal.

En consecuencia, podemos elaborar una definición del Derecho Internacional Humanitario, en la forma siguiente: Conjunto de normas jurídicas (fundamentalmente: Convenios internacionales y costumbre internacional) que regulan los derechos y deberes de los que participan en un conflicto armado y los medios y modos de combatir, así como la protección de las personas (heridos, enfermos, náufragos, personal sanitario y religioso, prisioneros y población civil) y de los bienes (culturales, lugares de culto, bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y medio ambiente natural) víctimas de la acción hostil, integrado por principios intransgredibles, aplicables en todas las circunstancias, que limitan el uso de la fuerza, sin afectar al estatuto jurídico de las Partes en conflicto.

La formación en Derecho Internacional Humanitario es de suma importancia para los capellanes castrenses pues, como enseñó S. S. Juan Pablo II, deben:”contribuir siempre a una educación apropiada del personal militar en los valores que animan el derecho humanitario y hacen de él no sólo un código jurídico, sino también y sobre todo un código ético” (Roma 24 de marzo de 2003).

B. LA REALIDAD DEL LLAMADO “NUEVO ORDEN MUNDIAL”

Pese al fin de bipolarismo y a las pretensiones de inaugurar un denominado “nuevo orden mundial”, el momento actual se puede caracterizar por la multiplicación de los conflictos armados y progresión de las guerras, sin que parezca disminuir esa cifra aproximada de veinticinco conflictos existentes en el mundo, de los que la inmensa mayoría son cruentos conflictos armados no internacionales. En ellos el porcentaje de víctimas civiles alcanza el 90 %.

Buscando las causas de esta conflictividad se han señalado la explosión del mercado de armamentos (muchas veces procedentes de los arsenales de la “guerra fria”), el comercio armamentístico de las grandes potencias, la desintegración de las estructuras de Estados antes estables (pues la desestructuración produce beligerantes incontrolados y hasta fenómenos de guerra privada), el hecho de que los valores religiosos sean invocados para justificar la guerra (cuando debemos ponerlos al servicio de la paz), la modificación del objetivo de la guerra que es sustituido por el odio y el bandidaje (debido, en ocasiones, a la radicalización de ideas racistas, nacionalistas o religiosas) convirtiendo a la propia población civil en objetivo militar, la agravación del conflicto por las circunstancias económicas o demográficas, la gran paradoja que supone la impresionante cobertura de algunos conflictos por los medios de comunicación (la guerra televisada) frente a las llamadas guerras olvidadas y, finalmente, la divergencia entre las declaraciones de voluntad (ratificación de Convenios en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario) y la realidad diaria de sus flagrantes incumplimientos, muchas veces derivada de la falta de autoridad del Estado sobre los propios combatientes.

En definitiva, en los nuevos conflictos armados se observa una preocupante tendencia hacia el tratamiento de la población civil como objetivo militar, debilitando el respeto a la persona humana en todas las circunstancias (norma básica del Derecho Internacional Humanitario).

En efecto, en las guerras actuales hay un incremento de las víctimas (mujeres, niños, ancianos, no combatientes) y de los crímenes más odiosos (genocidio, depuración étnica, violaciones masivas, embarazo forzado, asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias o toma de rehenes). Son frecuentes los ataques a la población civil como tal y la utilización del hambre como método de guerra. Se puede constatar el éxodo masivo de la población civil hasta superar la cifra de treinta millones de refugiados en el mundo, con la secuela de la ruptura de la unidad familiar y la separación, cuando no desaparición, de sus miembros dispersos.

Aparecen fenómenos tan rechazables como el de los niños-soldados o los niños víctimas de la guerra, el empleo de nuevas armas inhumanas, la utilización indiscriminada de las minas antipersonal y municiones en racimo (que afecta en gran parte a los no combatientes, incluso muchos años después de finalizado el conflicto), las graves amenazas al medio ambiente natural, los problemas de la escasez de agua potable, la destrucción de los servicios de sanidad (especialmente la atención primaria de la salud) y los efectos de la guerra sobre la economía de la población civil.
En este contexto, se denuncian por los organismos humanitarios las crecientes dificultades para ayudar y acceder a las víctimas, en condiciones de extrema inseguridad, lo que aumenta los indecibles sufrimientos de la población civil.

II LA PROTECCION DEL PERSONAL RELIGIOSO POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

A. ANTECEDENTES

El Derecho Internacional Humanitario contemporáneo nació en 1864 para proteger a los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña. Y en aquel primer Convenio de Ginebra de 22 de agosto de 1864, para “aliviar la suerte que corren los militares heridos de los ejércitos en campaña”, ya se hacía referencia a la obligación de respetar y proteger a los capellanes, que participan del estatuto de neutralidad (artículo 2), que concedía esta norma internacional mientras estén ejerciendo sus funciones y si caían en poder de la parte adversaria quedarían exentos de captura, permitiéndoles el regreso a su ejército. Los capellanes (artículo 3) podrán, aún después de la ocupación por el enemigo, continuar ejerciendo sus funciones o retirarse par incorporarse al cuerpo a que pertenezcan. Así, desde los orígenes, el Derecho Internacional Humanitario equipara el personal religioso al sanitario.

Esta similar protección durante los conflictos armados se reiteró en los Convenios de Ginebra de 1906 (artículo 9) y de 1929 (artículo 9), así como en el X Convenio de La Haya de 1907 sobre ampliación a la guerra marítima de los principios del Convenio de Ginebra.
B. NORMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES VIGENTES

En la actualidad, la protección del personal religioso está regulada fundamentalmente por el artículo 24 del I Convenio de Ginebra de 1949, el artículo 36 del II Convenio de Ginebra, artículo 8, apartado d) y artículo 15 del Protocolo I de 1977, Adicional a 1os Convenios de Ginebra y artículo 8, párrafo 2, apartado b), inciso xxiv del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Las Normas 27 y 30 del Derecho Internacional Consuetudinario (Henckaerts, Jean Marie y Doswald-Beck, Louise (Eds.), Customary International Humanitarian Law (2 tomos), CICR y Cambridge University Press, 2005), adoptadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja hacen referencia al respeto y protección del personal religioso, a los supuestos en que se pierde esa protección y a la prohibición de ataques directos contra dicho personal y los bienes religiosos debidamente señalizados.

En este sentido, múltiples Manuales Militares de los Estados (Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Camerún, Canadá, Croacia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Indonesia, Israel, Italia, Kenya, Madagascar, Nicaragua, Nigeria, Países Bajos, Reino Unido, República de Corea, Sudáfrica, Suiza y ex Yugoslavia, entre otros) contienen normas de protección y respeto del personal religioso en los conflictos armados.

En España, debemos destacar la Publicación “Orientaciones. El Derecho de los Conflictos Armados”, del Ejército de Tierra, aprobada en el año 2007, que contiene numerosas referencias a la protección y respeto del personal religioso por el Derecho Internacional Humanitario.

Asimismo las normas penales de numerosos países, entre ellas el Código penal y el Código penal militar españoles, castigan como crimen de guerra las violaciones de las normas humanitarias protectoras del personal religioso. Al tiempo diversas declaraciones oficiales y la práctica de algunos Estados ratifican la universal aceptación de estas normas como costumbre internacional.

C. DEFINICION DEL PERSONAL RELIGIOSO

Se consideran como “personal religioso” aquellas personas, sean militares o civiles, tales como los capellanes castrenses, dedicados exclusivamente al ejercicio de su ministerio y adscritas a las Fuerzas Armadas de una Parte en el conflicto, a las unidades o medios de transporte sanitarios de una Parte en el conflicto, a un Estado neutral, a las sociedades de socorro o una organización internacional humanitaria e imparcial, o a los organismos de protección civil.

Esta definición se basa en el citado artículo 8, apartado d) del Protocolo I de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra. En principio, el Protocolo no contenía esta definición, pues se entendía que bastaba para proteger a los capellanes castrenses (adscritos a las Fuerzas Armadas) la consideración de que estaban comprendidos dentro del concepto de personal sanitario militar definido en los Convenios I y II de Ginebra de 1949. Sin embargo, se incluyó en el precepto vigente del mencionado Protocolo I la definición explícita de “personal religioso” para dar mayor precisión a la aludida norma. Este personal debe reunir las características siguientes:

1ª. Dedicación exclusiva a su ministerio religioso. Esto no quiere decir que no puedan desempeñar de forma complementaria algunos otros trabajos humanitarios, como labores sanitarias, pero no deben realizar otras funciones ajenas a su cometido religioso.

2ª. Irrelevancia de la religión a la que pertenezcan. Pueden desempeñar los cometidos de cualquier confesión religiosa, puesto que el término “capellán” (usado por los Convenios de Ginebra) se utiliza como ejemplo y no excluye al personal de otras religiones. Es decir, se interpreta que no comprende exclusivamente al personal religioso cristiano.

3ª. No es necesario que el personal religioso esté incorporado a las fuerzas armadas, ni mucho menos que tenga grado o condición militar, de forma que pueden ser militares (no combatientes) o personas civiles, como veremos seguidamente.

4ª. Carácter permanente o temporal (pero siempre exclusivo). Pues es expresamente aplicable al personal religioso el apartado k) del mismo artículo 8, que determina que son “permanentes” el personal sanitario (y religioso), entre otros, que se destinan exclusivamente a fines sanitarios (y religiosos) por un periodo indeterminado. Y son “temporales” el personal sanitario (y religioso) que se dedican exclusivamente a fines sanitarios (y religiosos) por periodos limitados y durante la totalidad de dichos periodos. Según los Comentarios del Comité Internacional de la Cruz Roja, el Protocolo no prohíbe que se destinen temporalmente laicos a funciones religiosas y se abre la posibilidad de que estén protegidos como personal religioso durante el desarrollo de tales funciones.

5ª. Adscripción de manera precisa a una parte en el conflicto armado, en cualquiera de las formas siguientes:

i) a las Fuerzas Armadas de una parte en conflicto, es decir debe existir vínculo oficial determinado por la autoridad militar competente,

ii) a las unidades sanitarias o los medios de transporte sanitarios de una parte en conflicto,

iii) a las unidades o los medios de transporte sanitarios permanentes, puestos a disposición de una parte en conflicto con fines humanitarios por un Estado neutral y otro Estado que no sea parte en ese conflicto, por una sociedad de socorro reconocida y autorizada de tal Estado o por una organización humanitaria imparcial (artículo 9.2 del Protocolo I de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra).

iv) a los organismos de protección civil de una parte en conflicto.

D. EL PERSONAL RELIGIOSO CIVIL

El párrafo 5 del artículo 15 del Protocolo I de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra, extiende la protección al personal religioso civil. Hasta entonces el artículo 24 del Convenio de Ginebra de 1949 y los artículos 36 y 37 del II Convenio, solo concedían protección específica a los capellanes agregados a las Fuerzas Armadas, al personal religioso de los buques hospitales y al personal religioso dedicado al servicio espiritual de los heridos, enfermos y náufragos.

Este tipo de personal no está comprendido en la definición de “personal religioso” que hemos comentado antes (artículo 8, apartado d del Protocolo I de 1977), pues esta condición solo se puede otorgar al personal adscrito a las Fuerzas Armadas, unidades o medios de transporte sanitarios o a organismos de protección civil.

Pero las autoridades competentes de las partes en conflicto pueden designar, aceptar y conceder protección al personal religioso no adscrito, que así disfrutaría del estatuto de “personal religioso civil”. De forma que no es automática ni general la concesión de este estatuto de protección porque los Estados Partes tienen el deber de cuidar que no se cometan abusos en el desempeño de su cometido. La norma establece que este personal será respetado y protegido. Le son aplicables las disposiciones relativas a la protección e identificación del personal sanitario.

Esta ampliación de la protección y estatuto del personal religioso militar al personal religioso civil fue apoyada por la práctica de numerosos Estados, en los que no se hacía distinción entre el personal religioso militar o civil (Manuales Militares de Argentina, Australia, Bélgica, Camerún, Canadá, Croacia, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Madagascar, Países Bajos, Sudáfrica y Suiza, entre otros).

Naturalmente, la mayor parte del personal religioso civil (de las diversas confesiones religiosas) continuará en tiempo de conflicto armado desarrollando cometido espiritual entre la población civil, pero no tendrá la condición de “personal religioso” (militar, adscrito o civil) a efectos de la protección especial que otorga el Derecho Internacional Humanitario. El personal que desempeña funciones religiosas al margen de éste estatuto tiene, en su caso, la protección general que se concede a las personas civiles que no participan directamente en las hostilidades.

E. DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL RELIGIOSO

El personal religioso será respetado y protegido, de la misma forma que el personal sanitario, siendo aplicables las normas relativas a este personal sanitario (Convenios I, II, III y IV de Ginebra y Protocolos Adicionales I y II).

En el primer Convenio de Derecho Internacional Humanitario (Convenio de 22 de agosto de 1864) se hablaba del beneficio de la “neutralidad” del personal sanitario y de los capellanes (artículo 2). Pero pronto se consideró esta idea como confusa y, a partir del Convenio de 1906, se sustituyó por un deber negativo (el respeto) y otro positivo: la protección (artículos 24 a 27 del I Convenio de Ginebra, artículos 36 y 37 del II Convenio de Ginebra, artículo 20 del IV Convenio de Ginebra, artículos 15, 62 y 67 del Protocolo I Adicional y artículo 9 del Protocolo II de 1977Adicional).

1. Derechos: Respeto y protección

Por lo que se refiere al respeto, el personal religioso debe poder cumplir su misión espiritual de forma continuada y por ello las Partes en conflicto deben:

1º. Abstenerse de ataques directos contra el personal religioso. Abarca el deber de defenderlo cuando sea necesario. Si éste personal realiza actos hostiles contra el adversario pierde su derecho a no ser atacado.

2º. Respetar la irrenunciabilidad de los derechos concedidos por las normas humanitarias, que pueden incluso ampliarse por acuerdos especiales (artículos 6 y 7 de los I y II Convenios de Ginebra y artículos 7 y 8 del IV Convenio de Ginebra).

3º. Abstenerse de todo acto de presión o amenaza para que el personal religioso ejerza su cometido en contra de sus principios. Por ejemplo, para que proporcione asistencia espiritual de forma discriminada o con cualquier distinción desfavorable por razón de sexo, raza, nacionalidad, religión, opinión política o criterios similares.

4º. No impedir el acceso a los lugares donde sean necesarios sus servicios espirituales, sin perjuicio de las medidas de control y seguridad oportunas (artículos 15 y 28 del I Convenio de Ginebra, artículo 18 del II Convenio de Ginebra, artículo 33 del III Convenio de Ginebra y artículo 15 del Protocolo I de 1977, Adicional).

5º Abstenerse de toda represalia, amenaza, violencia, persecución o castigo (penal o disciplinario) por el desempeño de sus servicios, garantizando que no va a ser castigado en el futuro por el hecho de prestar asistencia religiosa a las víctimas del conflicto armado (artículo 18 del I Convenio de Ginebra, artículo 16 del Protocolo I de 1977 y artículo 10 del Protocolo II de 1977, Adicionales a los Convenios de Ginebra).

En lo que se refiere al deber de protección, las Partes en conflicto están obligadas a:

1º. La prestación de ayuda por parte de las autoridades propias, tanto civiles como militares, para el desarrollo de los cometidos de asistencia religiosa.

2º. La prestación de ayuda, de forma imparcial, por parte de las autoridades de ocupación al personal religioso que desempeñe su misión sin participación en la acción hostil. Comprende la libertad de movimientos y traslado, sin perjuicio de las medidas de control, para prestar la asistencia religiosa a los lugares donde se consideren necesarios sus servicios.

3º. No impedir la ayuda por parte de la población civil, en particular en territorio ocupado, en las funciones religiosas.

4º. Abstenerse de de todo acto de coacción o inducción para obtener del personal religioso información sobre las víctimas del conflicto, que conocen en el desempeño de su función de asistencia religiosa.

2. Deberes

La protección del personal sanitario no es un privilegio, sino la consecuencia natural del respeto y protección que otorga el Derecho Internacional Humanitario a las víctimas de guerra (heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra o población civil). De forma que se concede si se desarrolla el deber humanitario de asistencia, cuando se ejerce de acuerdo con los principios que presiden el auxilio espiritual de las diversas religiones. En consecuencia, los deberes del personal religioso son fundamentalmente los siguientes:

a) Respetar los principios propios de la asistencia espiritual de la religión de que se trate, sin realizar actos que puedan perjudicar a las partes en conflicto.

b)Tratar con humanidad a las víctimas del conflicto armado.

c) Prestar la asistencia espiritual sin discriminación a quienes lo soliciten.

d) Respetar el deseo de las víctimas, tanto propias como de la parte adversa, de no recibir la asistencia religiosa.

e) Participar en los ritos funerarios, si el personal religioso pertenece a la misma religión de las personas fallecidas en el conflicto armado.

En resumen, los principios comunes aplicables al personal religioso y sanitario por el Derecho Internacional Humanitario son los siguientes:

1º La neutralidad de la misión religiosa o sanitaria. La asistencia humanitaria (religiosa o sanitaria) nunca puede ser considerada con injerencia en el conflicto.

2º El personal religioso y sanitario, en consecuencia, debe abstenerse de participar en toda acción hostil.

3º Los miembros del personal religioso y sanitario están protegidos en el ejercicio de su ministerio o función sanitaria.

4º Nadie será obligado a dar información acerca de las víctimas a quienes preste asistencia, si ello puede causarles algún perjuicio.

5º No será molestado el personal religioso o sanitario por haber prestado asistencia a las víctimas de un conflicto armado.

3. Exención de captura

Finalmente, el personal religioso, aunque se trate de capellanes u otros integrantes del personal religioso militar, como no combatientes están exentos de captura por parte de la parte adversa. Y si caen en poder del enemigo tiene los derechos y privilegios establecidos en el artículo 33 del III Convenio de Ginebra de 1949, a saber:

a) Pueden quedar retenidos solamente si son necesarios para asistir espiritualmente a los prisioneros de guerra de sus propias fuerzas armadas.

b) En tanto queden retenidos gozan, como mínimo, de un trato igual al de los prisioneros de guerra.

c) Continuarán ejerciendo sus funciones religiosas, a cuyo fin tendrán libertad para visitar a los prisioneros, no estarán obligados a ningún tipo de trabajo y recibirán toda la ayuda que necesiten para el desempeño de su misión espiritual.

F. PERDIDA DE LA PROTECCION

Como en los supuestos en que cesa la protección del personal sanitario, el religioso pierde su inmunidad si participa en actos perjudiciales para el enemigo, realizando actos de hostilidad. Los comentaristas insisten en la exigencia de que este personal esté exclusivamente dedicado a actividades religiosas. En efecto, la participación directa en la acción hostil viola el principio de neutralidad estricta, base de del estatuto privilegiado del personal sanitario y religioso. En realidad se realiza al margen de su función humanitaria espiritual que le confiere la inmunidad. Se pone como ejemplo de la pérdida de protección la incorporación de capellanes a las unidades de combate, cuando este personal religioso porta armamento y participa directamente en las hostilidades haciendo uso de tales armas o las utiliza para evitar ser capturado por el enemigo. Naturalmente, el hecho de vestir uniforme militar y atender espiritualmente a los militares heridos o enfermos (enemigos o propios) en el campo de batalla, no implica la pérdida de la protección.

Tampoco cesa la inmunidad si el personal religioso porta pequeñas armas para su defensa personal o si es escoltado por personal militar. En este sentido, la práctica de los Estados confirma que no se pierde el estatuto de protección si se dota al personal religioso de armas ligeras individuales para defenderse, por ejemplo, de la delincuencia común. El artículo 22, párrafo 1 del I Convenio de Ginebra de 1949, artículo 5 del II Convenio de Ginebra, los artículo 13, párrafo 2, apartado a), 28, 63 y 65 del Protocolo I de 1977, Adicional, establecen esta regla para el personal sanitario, que se considera aplicable también al personal religioso. Diversos Manuales Militares (Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Camerún, Canadá, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Kenya, Nigeria, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica, Suiza y ex Yugoslavia, entre otros) determinan que el personal sanitario (y, por extensión, el religioso) no pierde su protección por llevar armas ligeras individuales, como pistolas, metralletas y rifles. Por ejemplo, el Manual Militar de Alemania lo reconoce expresamente, aunque añade que los capellanes del Ejército alemán no van armados. Y el Manual LOAC del Reino Unido señala que los capellanes de las fuerzas armadas no pueden portar armas.

Las Orientaciones. Derecho de los Conflictos Armados (Publicación 0R7-004 del Ejército de Tierra español) establecen que no se considera perjudicial para el enemigo que el personal sanitario (y religioso) porte armas ligeras para defensa propia y la de los heridos o enfermos; o que la unidad esté custodiada por piquetes o centinelas o por una escolta.

G. EL ESTATUTO DEL PERSONAL RELIGIOSO EN LOS CAMPOS DE PRISIONEROS DE GUERRA Y CENTROS DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS CIVILES

1. Campos de prisioneros de guerra

El artículo 34 del III Convenio de Ginebra dispone que los prisioneros de guerra tendrán plena libertad para el ejercicio de su religión, incluida la asistencia a los actos de su culto, a condición de que sean compatibles con las medidas de disciplina normales prescritas por la autoridad militar del campo. Añadiendo que para los actos religiosos se reservarán locales adecuados de acuerdo con la creencia de los prisioneros o la habilitación de un local multidisciplinar para las funciones de diferentes credos religiosos, caso de no ser posible la disposición de salas distintas.

El campo deberá, por tanto, disponer de capellanes o ministros de otras religiones que atiendan al culto o necesidades espirituales de los prisioneros. Si no existieren deberá tramitarse la petición para la incorporación de ministros del culto practicado por los prisioneros.

Los artículos 35 y 36 del III Convenio de Ginebra regulan el estatuto de los capellanes u otro personal religioso que caigan en poder de la Potencia enemiga (pero que no son prisioneros de guerra) y sean retenidos para asistir a los prisioneros de guerra. Se les autoriza a prestarles los auxilios de su ministerio y a ejercerlo libremente entre sus correligionarios, de conformidad con su conciencia religiosa. Se reparten entre los campos o destacamentos de trabajo donde existan prisioneros de guerra de sus mismas fuerzas armadas, que hablen el mismo idioma o pertenezcan a la misma religión. No podrán ser obligados a realizar trabajo alguno ajeno a su misión religiosa.

Por otra parte, conforme al artículo 33 y 35 del aludido III Convenio, disfrutarán de las facilidades necesarias (incluidos los medios de transporte necesarios) para visitar periódicamente a los prisioneros de guerra que se encuentren en el exterior del campamento (destacamento de trabajo u hospitales). Gozan de libertad de correspondencia, si bien sometida a censura, para los actos religiosos de su ministerio, con las autoridades eclesiásticas del país donde están detenidos y con las organizaciones religiosas internacionales.

Puede ocurrir que, entre los prisioneros de guerra detenidos en el campo, haya ministros de un culto, que no sean capellanes del propio ejército o personal religioso en el sentido estricto. Estas personas recibirán autorización, cualquiera que fuere la denominación de su culto, para ejercer plenamente su ministerio entre sus correligionarios y serán tratados como capellanes retenidos por la Potencia detenedora. No se les puede obligar, por tanto, a realizar ningún trabajo (artículo 36 del III Convenio de Ginebra).

Cuando los prisioneros de guerra no dispongan de la asistencia de ningún capellán (o personal religioso) retenido o de un prisionero ministro de su culto, el artículo 37 del III Convenio de Ginebra dispone que se nombrará (a solicitud de los prisioneros interesados) para desempeñar este cometido a un ministro perteneciente a su misma confesión o a otra similar. A falta de éstos, se designará a un laico calificado, si resulta posible desde el punto de vista confesional. La designación deberá ser sometida a la aprobación de la Potencia detenedora y se hará de acuerdo con el conjunto de prisioneros interesados y, cuando sea necesario, con el asenso de la autoridad religiosa local de la misma confesión.

Las autoridades detenedoras velarán por que los prisioneros de guerra fallecidos durante el cautiverio sean enterrados honrosamente, si es posible según los ritos de la religión a la que pertenecían. Los cadáveres no podrán ser incinerados más que si imperiosas razones de higiene o la religión del fallecido lo requieren, o si éste expresó tal deseo (artículo 120 del III Convenio de Ginebra).

2. Centros de internamiento de personas civiles

En los lugares de internamiento de las personas civiles, la Potencia detenedora pondrá a disposición de los internados, sea cual fuere su confesión, locales apropiados para los actos religiosos (artículo 86 del IV Convenio de Ginebra). Los internados tendrán plena libertad para el ejercicio de su religión, incluida la asistencia a los actos de su culto, a condición de que sean compatibles con las medidas de disciplina normales prescritas por las autoridades detenedoras (artículo 93 del IV Convenio de Ginebra).

En cuanto al estatuto de los internados que sean ministros de un culto tendrán las mismas facilidades que antes hemos visto que se conceden a los capellanes (y personal religioso) en los campos de prisioneros de guerra. Y se adoptarán las idénticas medidas para facilitar la asistencia religiosa cuando haya internados que no dispongan de la asistencia de ministros de su culto o cuando éstos no sean suficientemente numerosos (artículo 93 del IV Convenio de Ginebra)

El artículo 130 del mismo Convenio dispone que las autoridades detenedoras velarán por que los internados fallecidos en cautiverio sean enterrados honrosamente, si es posible según los ritos de la religión a la que pertenecían. Los cadáveres no podrán ser incinerados más que si imperiosas razones de higiene o la religión del fallecido lo requieren, o si éste expresó tal deseo.

H. LA PROTECCION EN LOS CONFLICTOS ARMADOS SIN CARÁCTER INTERNACIONAL

El artículo 9 del Protocolo II de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra, aplicable a los conflictos armados sin carácter internacional, establece la obligación de respetar y proteger al personal sanitario y religioso. Numerosos Manuales Militares (Alemania, Argentina, Australia, Camerún, Canadá, Croacia, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Hungría, Italia, Kenya, Madagascar, Nigeria, Nueva Zelanda, Países Bajos, República de Corea, Sudáfrica y la ex Yugoslavia, entre otros), la legislación de diversos países y la práctica estatal (sin que exista ninguna práctica oficial en contrario) avalan el carácter consuetudinario de esta regla y la aplicación a este tipo de conflictos armados de las normas que regulan la protección del personal religioso en los conflictos armados internacionales.

I. PROTECCION PENAL DEL PERSONAL RELIGIOSO

La legislación penal de numerosos Estados tipifica como delito (crimen de guerra) la violación de los deberes de respeto y protección respecto del personal religiosos. Y ello tanto en los conflictos armados internacionales como en los que no tienen carácter internacional.

Constituye un crimen de guerra, según el artículo 8, 2, b), xxiv del Estatuto de la Corte Penal Internacional, dirigir intencionadamente ataques contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional. Debemos interpretar que este precepto protege penalmente al personal religioso con derecho a utilizar los emblemas distintivos de su condición.

El mismo Estatuto incrimina la misma conducta cuando se comete en los conflictos armados sin carácter internacional, conforme al artículo 8, 2, e), ii, que comprende igualmente al personal religioso.

El Código penal español, en su artículo 608-1º, considera personal protegido al personal religioso. En su artículo 609 incrimina los atentados contra la vida, salud o integridad de cualquier persona protegida y en su artículo 612-2º castiga a quien ejerza violencia sobre el personal religioso.

Por su parte, el artículo 77-4º del Código Penal Militar castiga al militar que ejerciere violencia contra el personal de los servicios sanitario o religioso, salvo si hace uso de esta protección para llevar a cabo actos de hostilidad.

J. LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL RELIGIOSO

1. El emblema protector: La Cruz Roja, la Media Luna Roja o el Cristal Rojo

Se debe establecer, ante todo, que el hecho de no llevar u ostentar los emblemas distintivos y protectores no puede nunca justificar los ataques al personal o bienes religiosos (protegidos por razón de su función espiritual) que hayan sido reconocidos como tales. Los emblemas distintivos (la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el Cristal Rojo) facilitan la identificación pero no confieren, por si mismos, un estatuto de protección.

Este es el sentido de la Norma 30 del citado Derecho Internacional consuetudinario (Henckaerts, Jean Marie y Doswald-Beck, Louise (Eds.), Customary International Humanitarian Law), adoptadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja), cuando dispone que: “Quedan prohibidos los ataques directos contra el personal y los bienes sanitarios y religiosos que ostenten los signos distintivos estipulados en los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional”.

Esta práctica se asienta en el texto de numerosos Manuales Militares, legislación penal de diversos países y declaraciones oficiales, siendo de aplicación tanto en los conflictos armados internacionales como en los que no tienen este carácter.

La identificación del personal religioso se hará mediante la correspondiente Tarjeta de identidad y el uso del brazal con la Cruz Roja, Media Luna Roja o Cristal Rojo, entregados y controlados por la autoridad militar competente. Será obligatoria, en particular, siempre que se encuentren en zona de combate o en que se prevea que va a haber combate, así como cuando estén en territorio ocupado.

El artículo 18 (identificación) del Protocolo I de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra, establece que cada Parte en conflicto procurará asegurar que tanto el personal sanitario y religioso como las unidades y los medios de transporte sanitario puedan ser identificados.

El artículo 38 del I Convenio de Ginebra describe el “emblema y signo distintivo del Servicio Sanitario de los Ejércitos”. Los tres signos distintivos entonces reconocidos, según los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales eran: la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León y el Sol Rojos sobre fondo blanco. Sin embargo, en 1980 la República Islámica de Iran declaró que renunciaba al uso del León y Sol Rojo y utilizaría la Media Luna Roja.

Por otra parte, el artículo 8, apartado l, del Protocolo I de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra, dispuso que se entiende por “signo distintivo” la cruz roja y la media luna roja (y entonces el león y sol rojos), cuando se utilicen para la protección de unidades y medios de transporte sanitarios y del personal sanitario y religioso, su equipo y material.

Hay que distinguir entre un uso del emblema puramente indicativo (es decir, para señalar que una persona pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, incluido el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación o las Sociedades Nacionales) y el uso protector previsto en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos, entre otros, para el personal sanitario y religioso.

2. El “Cristal Rojo”

El Protocolo III de 8 de diciembre de 2005, Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, aprobó un signo distintivo adicional y optativo para los Estados, extendiendo la misma protección que se confiere a los signos distintivos de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja al emblema del Protocolo III, puesto que todos tienen el mismo estatus según el artículo 2 del citado Protocolo. En particular, el artículo 6 del Protocolo III dispone que las Partes Contratantes tomarán las medidas necesarias para reprimir todo empleo abusivo del mencionado signo, incluido el uso pérfido.

Hay que destacar que la XXVIII Conferencia internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, 20-21 de junio de 2006) adoptó la resolución de que el emblema del Protocolo III llevara el nombre de “Cristal Rojo”.

Por tanto, algunos Estados Partes en el Protocolo III podrían optar por el Cristal Rojo como signo protector de su personal sanitario y religioso.

3. La Orden Ministerial sobre uniformidad de los Capellanes del Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas españolas

El Preámbulo de la Orden Ministerial núm. 62/2004, de 12 de marzo, sobre uniformidad de los Capellanes del Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas hace referencia a su eventual participación en operaciones fuera del territorio nacional en el desempeño de una extensa gama de operaciones de apoyo a la paz. Razona la norma que, en la medida en que estas operaciones de paz pueden llevar ínsito en algún caso el uso de la fuerza, aunque sea como último recurso, se ha juzgado oportuno también introducir, en estas normas internas sobre uniformidad del personal religioso de las Fuerzas Armadas, el uso protector del signo distintivo internacional establecido en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales.

Y así en la Disposición Adicional Única de esta norma de uniformidad se establece que, en las operaciones que puedan implicar el uso de la fuerza, los Capellanes del Arzobispado Castrense en el ejercicio de sus funciones llevarán fijado al brazo izquierdo un brazal provisto del signo distintivo internacional establecido para la protección de los capellanes agregados a las Fuerzas Armadas en los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos Adicionales de 1977, consistente en una cruz roja sobre fondo blanco.
III. LA PROTECCION DE LOS LUGARES DE CULTO EN CASO DE CONFLICTO ARMADO
A. EL DIALOGO ENTRE LAS DIFERENTES CULTURAS

El Mensaje de Su santidad Juan Pablo II para la XXXIV Jornada Mundial de la Paz 2001, denominado Diálogo entre las culturas para una civilización del amor y la paz, reflexiona sobre el diálogo entre las diferentes culturas y tradiciones de los pueblos.

A las dificultades que suponen conjugar principios y valores tan diversos, que normalmente producen tensiones o conflictos, se une la constatación realista de que subyace en el fondo el gran problema del compromiso (o falta de compromiso) de cada ser humano llevado a enfrentarse con el propio egoísmo y los propios límites.

La cultura es, para el Mensaje, expresión cualificada del hombre y de sus vicisitudes históricas, tanto a nivel individual como colectivo. Y se diferencia de las demás porque es única, original y orgánica en su propia estructura. Produce asombro la gran variedad de las culturas humanas, que se distinguen por su específico itinerario histórico.

Al analizar los elementos de las culturas (unos: estables y duraderos, otros: dinámicos y contingentes) se destaca su soporte territorial, donde sus componentes geográficos, históricos y étnicos se entrelazan de modo original e irrepetible.

Si ser hombre significa necesariamente existir en una determinada cultura, debemos reconocer que la cultura configura la propia personalidad, el enraizamiento en un humus definido o relación fundamental con los orígenes familiares, territoriales, sociales o culturales.

Debemos saber apreciar los valores de nuestra propia cultura, pero con el límite del conocimiento sereno de las otras culturas, abriéndonos sin perjuicios tanto a su diversidad como al reconocimiento de elementos comunes a todas las culturas.

B. LA PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO

1. Antecedentes y normas internacionales vigentes

La historia de la humanidad y de sus guerras ha sido, con frecuencia, la historia de los saqueos, destrucciones de los lugares de culto, desapariciones, depredaciones y traslados de las obras de arte. No es preciso remontarse a la antigüedad clásica para deplorar los desastres de la devastación bélica. En nuestros días, la destrucción de las milenarias y gigantescas estatuas de Buda de Bamiyán en Afganistán ponen de actualidad la persistencia de los atentados contra expresiones religiosas que son patrimonio de toda la humanidad. Han existido, sin embargo ejemplos históricos de respeto a los bienes culturales y lugares de culto (Polibio recordaba que Alejandro Magno evitó la destrucción de los lugares sagrados de Tebas).
A finales del siglo XIX y principios del XX, se celebran en La Haya las Conferencias de la Paz de 1899 y 1907, que constituyen el más notable intento codificador del Derecho de la Guerra clásico.

La segunda conferencia (1907) revisó y amplió la primera, aprobando el Convenio IV. Leyes y costumbres de la guerra terrestre, que tiene como anejo el Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre. Su artículo 27 protege los bienes culturales.

El artículo 56 del Reglamento, aplicable a los casos de ocupación, establece la protección de los edificios consagrados al Culto, a las Artes, a las Ciencias y a la Beneficencia, los monumentos históricos, siempre que no se utilicen con un fin militar. Idéntica protección se determina en el ámbito de la guerra marítima por el Convenio IX. Bombardeo de fuerzas navales en tiempo de guerra (artículo 5). En el ámbito del continente americano hay que citar el Pacto Roedrich, firmado en Washington el 15 de abril de 1935 por la Unión Panamericana (hoy Organización de los Estados Americanos).

Después de la Segunda Guerra Mundial y bajo los auspicios de la UNESCO, se acordó en La Haya la Convención del 14 de Mayo de 1954 (ratificada por 123 Estados), para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, que algunos autores consideran que forma parte, por extensión, del Derecho Internacional Humanitario. La Convención ha sido desarrollada por un Reglamento de 1954 y por dos Protocolos: El primero de 1954 sobre la protección de los bienes culturales en territorio ocupado (ratificado por 100 Estados) y el segundo de 1999 que establece el sistema de la llamada “protección reforzada” (ratificado 56 Estados). Todos estos instrumentos han sido ratificados por España.

En el artículo 53 del Protocolo I de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra se arbitra una protección de los bienes culturales y de los lugares de culto en los conflictos armados internacionales. Asimismo se establece una tutela similar en el artículo 16 del Protocolo II para los conflictos armados sin carácter internacional. Por otra parte, el artículo 38 del Protocolo I prohíbe abusar deliberadamente, en un conflicto armado, del emblema protector de los bienes culturales. Y, finalmente, el artículo 85.4.d) del mismo Protocolo califica como infracción grave (crimen de guerra) el hecho de dirigir un ataque a monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto claramente reconocidos que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos y a los que se haya conferido protección especial en virtud de los acuerdos especiales celebrados, por ejemplo, dentro del marco de una organización internacional competente, causando como consecuencia extensas destrucciones de los mismos, cuando no haya pruebas de violación por la parte adversa del apartado b) del artículo 53 (del citado Protocolo) y cuando tales monumentos históricos, lugares de culto u obras de arte no estén situados en la inmediata proximidad de objetivos militares (…).

Además, la protección penal internacional de los bienes culturales ha sido tenida en cuenta al tipificar los crímenes de guerra en el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998.

En efecto, el artículo 8, 2. b) agrupa, dentro de la familia de los crímenes de guerra, a “Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales”. En su apartado b) ix se establece la protección de los bienes culturales, conforme a los Convenios de La Haya de 1899 o 1097, así como al Convenio de La Haya de 1954, de protección de los bienes culturales, aunque la redacción es muy arcaica y limitada a los textos primeramente citados, pese a la propuesta más amplia de España. Así se incriminan los ataques contra edificios dedicados al culto religioso, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares. Idéntica protección se determina, para los conflictos armados no internacionales por el apartado e), iv del mismo artículo.

Por otra parte, como destaca Sandoz, la superposición de materias (protección de los bienes culturales en general y en caso de conflicto armado) y de competencias institucionales entre la UNESCO y el CICR, lejos de crear una rivalidad ha dado lugar a una dinámica positiva y colaboración imprescindible. Y así las citas de las normas de Derecho Internacional Humanitario deben ser completadas con las relativas a las Convención de la UNESCO de 1970, sobre transferencias ilícitas de bienes culturales, así como a las Convenciones también de la UNESCO de 1972 (patrimonio mundial natural y cultural), 2001 (patrimonio cultural subacuático) 2003 (patrimonio cultural inmaterial) y Declaración sobre la destrucción intencional del patrimonio cultural (2003).

2. La protección de los lugares de culto como bienes culturales

El concepto de bienes culturales comprende hoy no sólo las obras de arte sino los lugares de culto y todos los bienes que constituyen la manifestación de la cultura de un determinado pueblo. Se destaca así la relación de esta protección en caso de conflicto armado con los Convenios relativos a los derechos esenciales del hombre, entre los que está el derecho a su propia cultura, religión y creencias.

La protección general que arbitran las normas del Derecho Internacional Humanitario a los bienes culturales comprenden la salvaguardia (medidas de protección del bien, incluida su señalización o no situar en sus proximidades objetivos militares) y el respeto (no realizar actos de hostilidad contra los bienes culturales, ni hacerlos objetos de represalias). La protección especial, para aquellos bienes de gran relevancia que figuren en el Registro de Bienes Culturales de Protección Especial, consiste en la garantía de inmunidad por parte de los Estados. Cuando se trata de compatibilizar la protección de los bienes culturales con la necesidad militar en un conflicto armado, sólo se excepciona el ataque contra los bienes culturales de protección general en el caso de necesidad militar imperativa, mientras que únicamente cede la inmunidad de los bienes culturales bajo protección especial ante la necesidad militar ineludible apreciada por un mando con el nivel de división y después de una notificación previa al adversario.
3. La moderna protección reforzada

Más recientemente, se aprobó en La Haya el 26 de marzo de 1999 un II Protocolo, Adicional al Convenio de La Haya de 1954, para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Dicho Protocolo establece la llamada protección reforzada. Un bien cultural podrá ponerse bajo esta protección reforzada si forma parte del patrimonio cultural de la mayor importancia para la humanidad, está protegido por medidas nacionales que reconozcan su valor cultural e histórico excepcional y no es utilizado para fines militares. Una vez que se produce la inscripción del bien cultural en una lista, comienza una protección cualificada y se ponen en marcha los mecanismos necesarios para que se respete en caso de conflicto armado.

IV. LA CONCIENCIA DE LOS VALORES COMUNES COMO BASE DEL DIALOGO ENTRE LAS CULTURAS
El referido Mensaje de SS. Juan Pablo II denominado Diálogo entre las culturas para una civilización del amor y la paz, parte de la certeza de que hay valores comunes a todas las culturas y de que hay que cultivar la conciencia de estos valores para alimentar ese humus cultural y universal que hace posible un diálogo constructivo entre civilizaciones, culturas y religiones. Se citan a continuación como valores comunes: la dignidad humana, la solidaridad, la paz, la vida y la educación, que se pasan a desarrollar.

A. LA DIGNIDAD HUMANA COMO CONCEPTO NUCLEAR DE LOS DERECHOS HUMANOS

Debemos partir de la convicción de que los Derechos Humanos son anteriores al Estado y, por tanto, no son creación convencional del poder. Si la persona humana es el fundamento del orden social y político (un prius respecto de toda ordenación jurídico positiva), los Derechos Humanos se derivan de las exigencias básicas de dignidad, libertad e igualdad de todos los seres humanos (el derecho a ser hombre o mujer).

Los derechos son así inherentes a la persona y exigibles por su dignidad. De forma que el concepto nuclear de los Derechos Humanos es el la dignidad de la persona humana, inherente de tal manera que ni siquiera depende de su realidad. En consecuencia, se pueden sostener dos conclusiones. La primera es que hay que afirmar en todo caso la dignidad humana, incluso de quien se comporta indignamente. La segunda es que la dignidad de la persona forma parte del núcleo irreductible de los Derechos Humanos, que hay que respetar en todas las circunstancias (incluso en casos de emergencia o de conflicto armado).

B. EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD

Se considera que el primer valor que se debe promover y difundir es el de la solidaridad que, por otra parte, es el vínculo originario de las personas entre si, en la familia, grupos intermedios, la sociedad civil, la comunidad estatal, los Estados entre si y, en definitiva, de toda la familia humana. Este valor de la solidaridad está íntimamente relacionado con el humanitarismo, puesto que modernamente se puede hablar tanto de un hombre humanitario como de un Derecho (Internacional e Interno) contaminado por un sentimiento de humanidad solidaria.

Ha escrito J. Pictet que el principio del Derecho Humano podría formularse diciendo que las exigencias militares y el mantenimiento del orden público serán siempre compatibles con el respeto a la persona humana. Es justamente este respeto a la persona humana en todas las circunstancias la grundnorm (norma fundamental) del Derecho Internacional Humanitario (L. Condorelli).

Pero cono no hay nada tan peligroso como el humanitarismo desenfrenado, que lleva al incumplimiento de normas que son utópicas. Las normas humanitarias deben estar presididas por el realismo, desterrando un peligroso voluntarismo humanitario. Y el Derecho Humanitario debe proponerse metas modestas y no caer en el maximalismo del todo o nada, para alcanzar lo factible y consolidarlo como acervo común de la humanidad.

Otra dimensión de la solidaridad nos pone de relieve las enormes desigualdades y el desequilibrio evidente entre los países ricos y pobres, la distancia social dentro de cada país entre la pobreza y la opulencia, así como el deterioro del medio ambiente por el empleo irresponsable de los recursos naturales.

C. EL VALOR DE LA PAZ

La convivencia nacional e internacional debe estar presidida por el irrenunciable valor de la paz. Paz, comprometida por el preocupante aumento de los armamentos producidos por las grandes potencias y por la transferencia o venta irresponsable de armas y medios de destrucción.

Aunque se suele hablar de un nuevo orden jurídico internacional, después de fin del bipolarismo y de la guerra fría, no debemos olvidar que se encuentra todavía inalterado el sistema de la Carta de las Naciones Unidas, por lo que ha podido afirmarse un continuismo desde el punto de vista formal. Como escribe Carrillo Salcedo, se trata de la coexistencia de entidades políticas independientes (los Estados) no subordinadas a una autoridad política superior. Las Naciones Unidas expresan la realidad actual: la cooperación institucionalizada entre las naciones.

Ahora bien, es verdad que el Derecho Internacional que emana de la Carta está presidido por algunos (pocos) principios fundamentales, entre ellos el de prohibición del uso o de la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales (artículo 2.4 de la Carta N.Unidas) y el del respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, a los que hay que añadir el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Principio que, en ocasiones, puede colisionar con el deber de garantizar el respeto de la persona humana en todas las circunstancias.

Hoy, sin embargo, lo verdaderamente decisivo del nuevo orden humanitario internacional es la convicción de que el respeto de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario guardan relación con el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, de forma que el Consejo de Seguridad ha podido autorizar el uso de la fuerza, previsto en el Capítulo VII de la Carta, para salvaguardar a las víctimas de los conflictos armados. Y estas decisiones demuestran el desgaste de la soberanía estatal frente a las acciones humanitarias (injerencia o asistencia humanitarias) y una cierta aproximación entre el sistema de las Naciones Unidas (emanado de la Carta, ius ad bellum) y el Derecho Internacional Humanitario (ius in bello).

Es evidente que uno de los propósitos de la ONU es el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales (evitar a las generaciones venideras el flagelo de la guerra), pero existen dos dimensiones de la paz. El concepto formal y estricto de la paz implica sólo la ausencia de la guerra y el Consejo de Seguridad se convierte en un órgano de policía internacional que debe reaccionar con rapidez (Capítulo VIII de la Carta) ante toda forma de agresión. A su lado hay otra noción de la paz: la paz estructural, que persigue erradicar los factores que originan los conflictos armados. La lucha profiláctica contra la guerra, contra las causas de los conflictos.

Este esfuerzo por la paz no es tampoco ajeno a la actuación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyo primer principio fundamental es el de Humanidad, caracterizado por la prevención y alivio del sufrimiento humano en todas las circunstancias (protección de la vida y la salud y el respeto a la persona humana), pero también por el favorecimiento de la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos (Principios Fundamentales del Movimiento).

Tampoco el sistema de seguridad colectiva de la Carta, basado en la intervención del Consejo de Seguridad, escapa de la crítica que pude formularse a la llamada injerencia humanitaria y a sus contradicciones derivadas del carácter eminentemente político del Consejo de Seguridad, donde prevalecen en ocasiones los intereses de los Estados sobre la neutralidad de la acción humanitaria.

El Mensaje “Diálogo entre las culturas para una civilización del amor y la paz”, no olvida una explícita referencia a la criticable no consolidación del compromiso por la no proliferación de las armas nucleares, con el riesgo de alimentar una cultura de la competencia y la conflictividad. En este mismo sentido, no podemos sino deplorar la polémica conclusión a que llegó el Tribunal Internacional de Justicia en su dictamen de 8 de julio de 1996 sobre La licitud del recurso a la amenaza o al uso de las armas nucleares. En efecto, después de reconocer que la amenaza o el empleo de las armas nucleares sería generalmente contrario a las normas de derecho internacional aplicable a los conflictos armados (particularmente a los principios y normas del derecho humanitario), estima que no puede pronunciarse (non liquet) definitivamente sobre si la amenaza o el empleo de las armas nucleares sería lícito o ilícito en circunstancias extremadas de legítima defensa, en las que corriera peligro la propia supervivencia del Estado. De nuevo el interés nacional por encima de la supervivencia de la humanidad misma.

Asimismo Juan Pablo II dedica una firme condena a entidades no institucionales, como grupos paramilitares y organizaciones terroristas. En este punto no está de más recordar que las normas del Derecho Internacional Humanitario (los Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales de 1977) contienen una categórica prohibición del terrorismo y de los medios terroristas en los conflictos armados tanto internacionales como internos.

Las consecuencias de las guerras presentes y pasadas son deploradas por el Mensaje, con particular mención de las minas antipersonas, de las horribles armas químicas y biológicas y de la violencia existente en las guerras civiles.

Las minas antipersonas han sido prohibidas por el Tratado de Ottawa de 1997, ratificado ya por más de ciento cincuenta Estados, porque se ha convertido en un arma indiscriminada que causa gran número de víctimas entre la población civil e impide el desarrollo de países copiosamente minados. Asimismo han sido proscritas las armas químicas por la Convención de Paris de 1993, sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, y las armas biológicas y toxínicas por el Convenio de 1972.

La llamada exigente a la reconciliación, dentro del diálogo entre las culturas, es especialmente difícil por la grave hipoteca de las guerras, conflictos, violencias y odios generados a veces durante varias generaciones. El Mensaje apuesta decididamente por el perdón y la reconciliación como único camino para alcanzar la paz.

D. ESPECIAL REFERENCIA A LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNOS

Los conflictos armados internos o guerras civiles constituyen la mayor parte de los conflictos armados que hoy existen en el mundo (el 90 por ciento) y en ellos sufre de modo muy relevante la población civil. Se constata con preocupación el aumento de víctimas en tales conflictos no internacionales y la vulneración sistemática del Derecho Internacional Humanitario por las Partes en conflicto, siendo frecuente que se considere a las personas civiles como objetivo de guerra. Paradójicamente es menor la protección que ofrece el Derecho Internacional a las víctimas de los conflictos armados internos que a las que se producen en los conflictos armados internacionales. Son sin duda insuficientes el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 (norma cuyo contenido es un mini-convenio protector de los Derechos Humanos básicos que no deben ser vulnerados en ninguna circunstancia) y el Protocolo II Adicional de 1977. Aunque se han dado pasos decisivos, como la incriminación como crímenes de guerra (de la competencia de la Corte Penal Internacional) de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los conflictos armados no internacionales (artículo 8 del Estatuto de Roma), aún queda un largo camino por recorrer para equiparar la protección de las víctimas de todo tipo de conflictos.

E. EL VALOR DE LA VIDA HUMANA

No se puede invocar la paz y despreciar la vida se afirma en el Mensaje, traduciendo la sensibilidad pontificia por el valor de la vida dentro del diálogo entre las culturas. La vida humana no es un objeto del que se puede disponer arbitrariamente, sino la realidad más sagrada e intangible que está presente en el escenario del mundo. Y, seguidamente, se describe el triste escenario de millones de hombres en trágica espiral que abarca : Homicidios, suicidios, abortos, eutanasia, mutilaciones, torturas, coacciones injustas, encarcelamiento arbitrario, recurso absolutamente innecesario a la pena de muerte, deportaciones, esclavitud, prostitución, compraventa de mujeres y niños, así como prácticas irresponsables de ingeniería genética.

Este terrible panorama, que no es sino la descripción de lo que pasa hoy en el mundo, incide en las personas más frágiles e indefensas de la sociedad.

Es pues necesario afirmar algunos principios básicos de protección a las víctimas de los conflictos armados, que son normas éticas y jurídicas comunes a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Así, el principio de inviolabilidad de la vida humana significa (J. Pictet) que el individuo tiene derecho al respeto de su vida, de su integridad física y moral y de los atributos inseparables de su personalidad. De manera que el hombre que cae en combate es inviolable y el enemigo que se rinde se convierte en una víctima que merece el trato debido a los prisioneros de guerra. Queda prohibida la tortura, física o mental, los castigos corporales o los tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en general, los atentados contra la dignidad personal. A todos se debe reconocer su personalidad jurídica y el ejercicio de sus derechos, porque tienen derecho al respeto de su honor, derechos familiares, convicciones filosóficas y políticas, prácticas religiosas y costumbres. Toda persona que sufra será recogida y recibirá la asistencia necesaria. Asimismo se reconoce el derecho a recibir información sobre la suerte y paradero de su familia y a recibir y remitir envíos de socorro. Es decir no se puede impedir la ayuda de la solidaridad internacional.

F. EL VALOR DE LA EDUCACION

Para avanzar en el diálogo entre las culturas es fundamental la responsabilidad de la educación que transmite las propias raíces culturales y enseña el respeto por las otras culturas, poniendo de manifiesto en el proceso educativo los valores de la historia de los demás pueblos. Este tipo de formación abierta lleva al conocimiento no sólo de la riqueza sino también de los límites de la propia cultura, informa sobre la existencia de una cultura común a toda la humanidad y construye las bases de un mundo más solidario y pacífico.

Concluye el Mensaje en este punto, afirmando que la educación puede contribuir a consolidar un humanismo integral, abierto a la dimensión ética y religiosa y a la estima de las culturas y valores espirituales de las diversas civilizaciones.

V. CONCLUSION

El Mensaje de Juan Pablo II, al invocar al Dios de la paz, apuesta por la realización de la espléndida profecía de Isaías, tan de actualidad, que puede extenderse a todos los pueblos de la tierra: Aquel día habrá una calzada desde Egipto a Asiria. Vendrá Asur a Egipto y Egipto a Asiria, y Egipto servirá a Asur. Aquel día será Israel tercero con Egipto y Asur, objeto de bendición en medio de la tierra, pues la bendecirá el Señor de los Ejércitos diciendo: “Bendito sea mi pueblo Egipto, la obra de mis manos Asur, y mi heredad Israel”.

En definitiva, las normas del Derecho Internacional Humanitario, como derecho protector de los valores éticos, culturales y religiosos en caso de conflicto armado internacional o interno, son un instrumento modesto pero cada vez más eficaz para alcanzar, a través del diálogo entre las culturas, la paz y la propia supervivencia de la humanidad.

Y creo que la difusión de los principios humanitarios en el ámbito de las Fuerzas Armadas, predicando la vigencia del principio “Inter arma caritas”, puede ser tarea compartida por los Capellanes castrenses y todo el personal religioso de las diversas confesiones, para alcanzar el propósito que se aprobó por unanimidad en una reciente Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: “Poner los valores religiosos al servicio de la paz entre los pueblos”.

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