La izquierda parlamentaria empeñada en retirar los crucifijos de las escuelas españolas

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Con el apoyo del PSOE, el Congreso de los Diputados aprobó ayer, según ha difundido Análisis Digital, una proposición no de ley, presentada por ERC, en la que se insta al Gobierno a aplicar en todos los centros escolares la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que asegura que los crucifijos en las aulas son «una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones» y de «la libertad de religión de los alumnos».
La gripe “Anti-crucifjijos” que padecía una madre italiana que se negaba a que sus hijos estudiaran en un aula con un símbolo religioso ha contagiado a la izquierda de España, aunque no es nada nuevo. Desde que el Gobierno de Zapatero asumiera el poder en 2004, todo lo relacionado con la religión, la familia cristiana, la vida desde la concepción, la libertad de educación, ha sido objeto de una continua ofensiva.
Por cuatro votos de diferencia, la Comisión de Educación y Deporte del Congreso aprobó en la tarde de ayer un texto propuesto por Ezquerra Republicana de Cataluña, que posteriormente fue modificado y pactado con el PSOE, para que se aplique en todos los centros escolares la sentencia del Tribunal de Estrasburgo contra el crucifijo. Socialistas, republicanos y BNG sumaron 20 votos frente a los 16 en contra del PP y CiU.
El texto inicial de ERC pedía al Gobierno que llevara a cabo «las modificaciones oportunas para impulsar y garantizar» la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas. Sin embargo, el documento aprobado pide al Ejecutivo que «traslade la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo» sobre libertad de pensamiento, de conciencia y de religión «especialmente en lo relativo a centros escolares».
La sentencia de Estrasburgo, hecha pública a principios del pasado mes, respondía al recurso presentado por Soile Lautsi, una ciudadana italiana de origen finlandés, que en 2002 había pedido al instituto estatal italiano en el que estudiaban sus dos hijos que quitara los crucifijos de las clases. Tras la votación de ayer, ningún centro educativo tendrá un crucifijo en las aulas.
El problema radica en cómo entienden las personas la religión y si supone un conflicto para un niño no católico que en su clase donde estudian otros niños católicos –en España cerca del 80 por ciento se declaran católicos- esté presente un crucifijo.
Ya lo adelantó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien el pasado mes de agosto salió a la palestra para, bajo el pretexto de “igualdad de todas las religiones” anunciar que “nuestra idea es que en los colegios públicos no exista ningún símbolo religioso, pero si resulta que hay algún patrimonio histórico y es un centro público, si tiene valor histórico-artístico, no podrá destruirse”.
Lo cierto es que, en contra de lo dispuesto en la propia Constitución española y de la libertad religiosa, el PSOE ha dado un paso más en la imposición del laicismo en contra de la tradición cultural de la sociedad española y de sus convicciones religiosas.
La labor del Estado es reconocer la defensa de la libertad religiosa y libertad se entiende por asegurar a todos los ciudadanos ejercerla libremente. Sin embargo, intentar relegar al ámbito exclusivamente privado la fe es propio de un estado laicista y no confesional como dice la Constitución Española.

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