Para Cáritas Diocesana de Barcelona el anteproyecto de ley para el alquiler de viviendas debe incluir consideraciones sociales


El Gobierno del Estado ha anunciado la aprobación de un anteproyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, que, en el caso de aprobarse, supondría un gravísimo e inadmisible retroceso en las políticas de protección de los arrendatarios de viviendas en nuestro país.

Cáritas Diocesana de Barcelona (CDB) quiere manifestar con contundencia su total desacuerdo y reprobación de esta propuesta legislativa que, en vez de abordar con valentía los dramáticos problemas sociales que está viviendo la población en relación con el derecho a la vivienda, mistifica el problema y se doblega a las presiones de los sectores económicos que exigen todavía más ventajas legislativas, financieras y fiscales para limpiar contablemente activos inmobiliarios, exentos de cualquier consideración social.

La situación real de nuestro país viene marcada por:

• 5,7 millones de personas en el paro (837.000 en Cataluña)

• 1,6 millones de jóvenes entre 18 y 30 años en el paro (250.000 en Cataluña).

• 78.000 ejecuciones hipotecarias al año (14.000 en Cataluña).

• 58.000 desahucios al año (7.000 en Cataluña).

• 690.000 viviendas vacías sin ser vendidas y en manos de entidades financieras (120.000 en Cataluña).

• 11% del parque de viviendas de primera residencia y en régimen de alquiler (18% en Cataluña) ante el 30/35% de media en los países europeos occidentales

• 1,5% de viviendas de alquiler público/social ante una media europea del 18%. Para llegar a este porcentaje de la mediana europea se necesitarían 3,5 millones de viviendas en España y 550.000 en Cataluña.

• Reducción del 50% de los presupuestos públicos estatales en política de vivienda entre los años 2010 y 2012 (de 1.600 M€ a 800 M€).

Ante una situación de gravedad como la actual, el Gobierno del Estado proclama que la única solución para conseguir flexibilizar y agilizar el mercado del alquiler es

• Abrir la posibilidad de pacto en las actualizaciones anuales del alquiler (en vez de la aplicación automática del IPC).

• Abrir la posibilidad de renuncia a la actual opción de compra automática en contratos de menos de 5 años.

• Reducir el plazo de los contratos de alquiler de los 5 a los 3 años.

• Reducir los plazos de la prórroga forzosa (posterior a los 5 años) de 3 años a 1 año.

• Posibilidad de recuperación de la vivienda por parte del propietario por causas familiares totalmente abiertas sin necesidad de hacerlo constar en el contrato.

• Acelerar los procesos de desahucio.

• Reducir el plazo para poder saldar las deudas del arrendatario.

Todas estas medidas que, evidentemente, no han sido reclamadas por los colectivos necesitados de vivienda, pero tampoco por las asociaciones de propietarios, administradores de fincas o agentes inmobiliarios, sólo confunden el problema. Y bajo la afirmación que se tiene que mitigar “el escaso equilibrio entre arrendador y arrendatario”, éstas, en realidad, dan respuesta a unas exigencias evidentes del sector financiero de poder alquilar viviendas por un periodo corto de tiempo, con el mínimo de compromisos y con las máximas facilidades para los desahucios.

No es éste, en absoluto, el punto de vista de Cáritas Diocesana de Barcelona. Al contrario, y basándonos en la experiencia que recogemos a diario en nuestros centros de atención, entendemos que lo que falta realmente es un verdadero paquete de medidas de choque que sea respetuoso y garante del derecho constitucional a la vivienda para conseguir un auténtico reforzamiento del mercado del alquiler y de la oferta de alquiler social en nuestro país:

1. Puesta inmediata en alquiler social de titularidad pública de las viviendas que están en manos de las entidades financieras intervenidas por el Estado.

2. Exigencia de puesta en alquiler social de las viviendas que están en manos de entidades financieras que reciben o han recibido fondos públicos para su rescate.

3. Limitación del alquiler social a precios máximos de 200 euros mensuales.

4. Duración del alquiler social a un mínimo de 10 años.

5. Establecimiento de la posibilidad de opción de compra de las viviendas de alquiler para sus usuarios a precios proporcionales con los alquileres.

6. Puesta en marcha de un sistema de garantías públicas a los propietarios de viviendas de alquiler como el Avalloguer, de Cataluña.

7. Desgravación fiscal total de las rentas de alquiler tanto de propietarios como de arrendatarios de vivienda de residencia habitual.

8. Reforzamiento de los programas estatales y autonómicos de ayudas al alquiler para los arrendatarios que no están en parques públicos o de alquiler social.

9. Establecimiento de un sistema de mediación –como la Autoridad de Conciliación suiza- entre propietarios y arrendatarios para pactar alquileres y rebajas de alquileres cuando los precios del mercado inmobiliario bajan y los ingresos familiares menguan.

10. Establecimiento de un sistema de mediación –como el de Cáritas Diocesana de Barcelona-, previo a las sentencias judiciales de desahucio, para aclarar las situaciones de insolvencia y poder poner remedio sin lanzamiento y pérdida de la vivienda.

Y, en lógica consecuencia, retirada inmediata del anteproyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas.

Estamos convencidos que la gran ocasión histórica de España de aproximarse verdaderamente a las medias europeas de parque de alquiler público o social sería hoy una realidad si fuéramos capaces de aprovechar los parques de vivienda que hoy están ociosos en manos de las entidades financieras para convertirlos en alojamiento de futuro y evitar así la exclusión residencial.

Entendemos este reto no sólo como una oportunidad inestimable de cambiar una situación dramática por un horizonte esperanzado, sino también como el verdadero e ineludible compromiso como país de avanzar hacia el derecho a la vivienda universal y de infundir confianza en la población

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