Agencia SIC

Con motivo de las elecciones del próximo 20 de noviembre, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha emitido un comunicado dirigido “a los católicos” y “a cuantos deseen” escucharles. Su finalidad es “orientar el discernimiento moral para la justa toma de decisiones que afectan a la realización del bien común y al reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales, como es el caso de las elecciones generales”.

Apoyados en “los fundamentos prepolíticos del derecho”, los obispos consideramos que “las decisiones políticas” han de “fundamentarse en la razón acorde con la naturaleza del ser humano” y que “las disposiciones legales” no son morales y justas “por el mero hecho de que emanen de organismos políticamente legítimos”.

En consecuencia, los obispos creemos que los católicos y cuantas personas quieran seguir nuestra voz, si quieren emitir un voto responsable y con una conciencia rectamente formada, han de tener en cuenta lo siguiente:

Son muy peligrosas para el bien común “determinadas opciones legislativas que no tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida de cada ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural”; sobre todo si “llegan a tratar como un verdadero derecho lo que en realidad constituye un atentado contra el derecho a la vida”.

“Son también peligrosos y nocivos para el bien común los ordenamientos legales que no reconocen el matrimonio en su ser propio y específico, en cuanto unión firme de un varón y una mujer ordenada al bien común de los esposos y de los hijos”.

“Es necesario promover nuevas leyes que reconozcan y tutelen mejor el derecho de todos a la vida” y el “derecho de los españoles a ser tratados por la ley específicamente como ‘esposo’ y ‘esposa’, en un matrimonio estable, que no quede a disposición de la voluntad de las partes ni, menos aún, de una sola de las partes”.

“La grave crisis económica actual reclama políticas sociales y económicas responsables y promotoras de la dignidad de las personas, que propicien el trabajo para todos”.

“Son necesarias políticas que favorezcan la libre iniciativa social en la producción” y “una justa distribución de las rentas; que corrijan los errores y desvíos cometidos en la administración de la hacienda pública y en las finanzas; que atiendan a las necesidades de los más vulnerables, como son los ancianos, los enfermos y los inmigrantes”.

“El ordenamiento jurídico debe facilitar el ejercicio efectivo del derecho que asiste a los niños y jóvenes a ser educados de modo que puedan desarrollar lo más posible todas sus capacidades”.

El ordenamiento jurídico también “debe evitar imposiciones ideológicas del Estado que lesionen el derecho de los padres a elegir la educación filosófica, moral y religiosa que deseen para sus hijos”.

“Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político, dado que el terrorismo es una práctica intrínsecamente perversa, del todo incompatible con una visión justa y razonable de la vida”.

Aunque los “nacionalismos” y “regionalismos” pueden ser legítimos, “es necesario tutelar  el bien común de la nación española en su conjunto”.   

+Mons. Francisco Gil Hellín

Arzobispo de Burgos