Agencia SIC

LA AMPLIACIÓN DEL ABORTO
Hoy me corresponde tratar un tema penoso. Me refiero a la ampliación de la ley del aborto, estableciendo plazos en los que pueda eliminarse la vida humana sin buscar siquiera una justificación.
Cuando los obispos nos vemos forzados a abordar estas cuestiones no queremos “imponer” nada, pero sí proponer algo. Es un derecho, el de expresión, que tenemos todos los ciudadanos y nosotros también lo somos. Nuestra intención no es entrar en polémicas políticas, pero sí defender lo que es previo a toda política: el derecho a la vida. Forma parte no ya de un derecho, sino del deber que tenemos de orientar a las conciencias.
Precisamente, porque aceptamos el juego democrático y rezamos cada día por los gobernantes —al tiempo que enseñamos que hay que obedecerles—, nos preocupa que puedan establecer leyes que en nada ayudan a la dignidad humana y cuyos supuestos beneficiarios son, además, personas jóvenes, incluso menores de edad, sin criterio para distinguir lo legal de lo moral.
“¿Qué se les propone —se preguntaba Juan Pablo II en su carta autógrafa de 1994 a los jefes de Estado de todo el mundo—, una sociedad constituida por cosas y no por personas; el derecho a hacer de todo desde la más tierna edad, sin límite alguno, pero con la mayor seguridad posible?”. Y añadía que quizá “estos mismos jóvenes, ya adultos el día de mañana, pidan cuentas a los responsables de hoy de haberles privado de la razón de la vida al no haberles indicado los deberes propios de un ser dotado de corazón y de inteligencia”.
Sin duda la mentalidad abortista ha ganado terreno en el mundo, sobre todo en Europa. Lo ha hecho en paralelo a la pérdida de los ideales que culminaron con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, entre ellos el primordial derecho a la vida.
El establecimiento de un calendario de plazos en los que se pueda abortar no tiene justificación científica, como reconocen los especialistas y como puede ser advertido por cualquiera en una época en la que se hacen ecografías perfectas. En el seno materno hay una vida humana que, lógicamente, tendrá un desarrollo continuo hasta el nacimiento que continuará después.
Y aún tiene menos justificación moral, ya que las personas no somos dueñas de la vida y de la muerte, ni de la nuestra ni de la ajena. Tratar por ello de asegurar la impunidad del aborto no es una acción digna de gobierno. Tampoco lo sería la restricción del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario que no quiera colaborar en algo que no es una operación sanitaria, sino todo lo contrario.
Por este motivo recuerdo la necesidad de que los cristianos se nieguen a colaborar en las prácticas abortivas, a la vez que —como mis hermanos en el episcopado— pido una campaña de oración para que se evite dar cumplimiento a la voluntad legisladora anunciada y, por el contrario, los gobernantes se entreguen a la alta misión que tienen encomendada.
† Jaume Pujol Balcells
Arzobispo de Tarragona